Hay listas que no se publican en el BOE y, aun así, cambian una instrucción. El Tribunal de Cuentas ha entregado a la Audiencia Nacional un pendrive con nombres y apellidos de donantes del PSOE de la última década. Va en sobre lacrado. No es un titular de color: es la herramienta con la que el juez Ismael Moreno quiere contrastar si las aportaciones “legales” esconden otra cosa.
El Mundo lo cuenta con detalle y con fuentes próximas a la investigación. El instructor no se conforma con los totales. Quiere identidades. Porque el relato de Víctor de Aldama no habla de una caja B clásica a la vista de todos, sino de un troceo: dinero en efectivo a Koldo García, el entorno de José Luis Ábalos, y después donaciones individuales de apariencia limpia. Pitufeo, en el argot. La ley de financiación pone techos —10.000 o 50.000 euros, según el caso—, así que, si el testimonio es cierto, hacía falta un coro de donantes para maquillar hasta 300.000 euros que Aldama sitúa como comisión ligada a crudo venezolano.
El periodo pedido no es inocente: 2017-2024. Coincide con la era de Sánchez al frente del partido, con Ábalos y Santos Cerdán en el núcleo organizativo. El PSOE, según el propio presidente en TVE el día 9, ya ha entregado su listado y sostiene que las donaciones están “dentro de la ley”. Que un jefe de Gobierno airee piezas secretas es inusual. Que lo haga para proclamar normalidad, también.
Aquí viene el matiz que la derecha suele olvidar cuando grita “caja B” y el que la izquierda usa para dormir la noticia: el Tribunal de Cuentas no había alertado de donaciones irregulares en sus informes anuales del PSOE. Su presidenta, Enriqueta Chicano, ha repetido el límite del organismo: fiscaliza lo declarado, no puede saber si el dinero de un donante salió antes de una comisión en metálico. Por eso el juez pide la lista dos veces —al partido y al fiscalizador— y por eso el pendrive importa. No prueba el delito. Abre el mapa para que la UCO busque coincidencias con el entorno de Koldo, Ábalos o Cerdán, y capacidad económica real de cada firmante.
El testimonio de Aldama, prestado en secreto en marzo y julio, va más lejos y debe leerse como lo que es: versión de un investigado clave, no sentencia. Sitúa a la sociedad Apamate Corporate & Trust como nodo de transferencias, habla de un cupo petrolero de 249 millones, de un adelanto articulado tras contactos con el entorno venezolano y de un primer envío vía Rusia para eludir sanciones. Aporta, dice el diario, documentación. También carga contra el “entorno de Zapatero” y el empresario Francisco Flores, cliente después de la consultora Análisis Relevante. Zapatero niega conocer financiación irregular. Ábalos y Koldo, desde Soto del Real, niegan haber pedido dinero para el partido o la Internacional Socialista. Sánchez lo niega en televisión.
La investigación no vive solo de ese hilo. La Audiencia ya mira un contrato ficticio de 15 millones vinculado, según la instrucción mediática, a la misma galaxia de financiación. La UCO entró en Ferraz en mayo. El pendrive de donantes es el siguiente escalón administrativo: pasar de la narrativa al cruce de datos.
Para la oposición, el episodio confirma lo que lleva meses martilleando: que el poder socialista no solo gestiona mal, sino que habría convertido la militancia en tapadera contable. Para el Gobierno, es otra vuelta de tuerca de una causa alimentada por un arrepentido interesado. Lo único que ya no es opinión es el movimiento institucional: el fiscalizador del Estado ha puesto nombres encima de la mesa del juez. A partir de aquí, o la policía encuentra patrones —donantes sin renta, repetidos, cercanos al núcleo orgánico— o el “pitufeo” se queda en hipérbole de sumario.
España lleva demasiado tiempo discutiendo corrupción en eslóganes. Un pendrive no absuelve ni condena. Pero sí obliga a una pregunta incómoda para Ferraz: si todo era tan limpio, ¿por qué la instrucción necesita contrastar, uno a uno, quién puso el dinero y de dónde salía antes de llegar al recibo?