Rueda y las costas: grita propiedad cuando el mapa del mar se mueve

Alfonso Rueda ha salido del Consello de la Xunta con un mensaje nítido: el Gobierno debe retirar la propuesta que cambia cómo se dibuja la línea del dominio público marítimo-terrestre. Lo presenta como defensa de la propiedad y de la seguridad jurídica. En la práctica, es un pulso sobre quién manda en la costa cuando el mar deja de ser previsible.

El cambio técnico no es un detalle de ingenieros. Hasta ahora, para fijar el deslinde se miraba si el mar alcanzaba una cota de forma recurrente: al menos cinco veces en cinco años. La modificación que critica la Xunta tomaría como referencia la máxima ola registrada en un periodo abierto e indefinido. Traducción casera: una ola excepcional podría bastar para redibujar el mapa.

Medio Ambiente gallego ha hecho números. Según esas estimaciones, el dominio público marítimo-terrestre en Galicia crecería 6,53 kilómetros cuadrados hasta superar los 156 km² —más de cuatro veces el término municipal de A Coruña—. Dentro de esa franja entrarían 2.511 edificaciones ya existentes. No solo chalets con vistas: Rueda citó depuradoras, pabellones e industrias. Si pasan a dominio público, el régimen cambia y, en el extremo, se abre la puerta a expropiaciones.

Desde la mesa de izquierdas el marco es otro. La costa no es un solar privado con jardín al Atlántico. Es espacio común, frontera climática y zona de riesgo. Pedir que el deslinde ignore la ola más extrema porque “no es recurrente” suena a contabilidad cómoda en un país que ya ha visto temporal tras temporal. Adaptar el criterio al comportamiento real del mar no es capricho ideológico: es dejar de fingir que el litoral de 1990 sigue intacto.

La Xunta airea dos argumentos de forma. Uno: el Ministerio recuperaría una modificación intentada en 2022 y tumbada por el Tribunal Supremo. Dos: lo haría vía un real decreto de otra materia, en paralelo a la reforma del Reglamento General de Costas. Son alertas serias de procedimiento. No convierten automáticamente la protección del dominio público en atropello. Un fallo de forma no borra el problema de fondo: cuánto litoral queda expuesto a un modelo de ocupación que choca con la subida del riesgo costero.

Rueda habla de “falta de rigor técnico” y de “cuestionable objetividad” estadística porque las series de olas no son uniformes. Es un debate legítimo entre expertos. Lo que no es legítimo es disfrazar de rigor la negativa a mover la línea cuando los datos extremos empeoran. Si la máxima histórica se desestima por incómoda, la norma se escribe para el pasado.

Tampoco ayuda el tono de alarma patrimonial sin contrapeso ambiental. 2.511 edificios “en riesgo” es una cifra de impacto político potente. Falta el reverso: cuántos de esos usos son compatibles con dominio público, cuántos se consolidaron en zona sensible y qué coste asume el erario —o el vecindario tierra adentro— cuando la costa se privatiza de facto y luego pide muros, regeneración de playas o rescates tras el temporal.

El Gobierno, en tramos previos de este mismo conflicto reglamentario, ya se negó a paralizar la tramitación pese a cartas de varias comunidades. El choque Galicia-Estado no nace hoy: viene de meses de alegaciones, intentos de llevar el debate a Bruselas y Conferencia Sectorial. Lo nuevo es el paquete cuantificado de la Xunta y la exigencia pública de retirada total.

Hay que ser precisos con lo que aún no es. Estamos ante una propuesta de criterio y un estudio autonómico de impacto, no ante un deslinde firmado edificio a edificio ni ante un plan de derribo masivo. Quien diga lo contrario está haciendo campaña, no crónica. Pero quien reduzca el asunto a “Madrid ataca al propietario gallego” también miente por omisión: el dominio público marítimo-terrestre existe precisamente para que la costa no se convierta en un club cerrado con facturas públicas cuando el mar reclama sitio.

La pregunta útil no es si Rueda defiende a su electorado costero. Claro que lo hace. La pregunta es si España puede seguir midiendo la costa con reglas pensadas para un clima más manso mientras las olas récord dejan de ser anécdota. Retirar la propuesta, como pide la Xunta, sería una victoria política del PP gallego. También sería una señal de que, otra vez, el mapa del litoral se negocia más en clave de título de propiedad que de riesgo colectivo.