Otra vez no. El Congreso ha vuelto a frenar la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar —firmada por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez— para impedir que empresas y fondos compren vivienda residencial. La foto es casi calcada a la de noviembre de 2025: PP, Vox y Junts cierran el paso; el PSOE y el PNV se marcan distancia con la abstención prevista. Mientras tanto, el alquiler sigue comiéndose la nómina.
La idea es simple y bruta: reformar el artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023 para que la compra (o la donación) de casas se reserve, por regla general, a personas físicas. Nada de tratar el piso como ficha de un Excel. Había excepciones para asociaciones, entidades religiosas, ONG y usos sociales —sedes, atención sociosanitaria, víctimas de violencia de género, alojamiento vulnerable—. No era un edicto mágico. Era un dique. Y el dique, otra vez, no se ha abierto.
Ibáñez lo pone crudo: 350 diputados y 49 trimestres malos
Ibáñez ha vendido el debate como una “segunda oportunidad” para proteger a las familias de los fondos buitre que disparan precios. Ha recordado que la situación lleva cuarenta y nueve trimestres empeorando y ha mirado a la Cámara a los ojos: si la gente no puede pagar el alquiler, la responsabilidad es de quienes se sientan ahí. “La democracia es proteger a los de abajo, no confrontar entre los que no tienen nada para no mirar a los de arriba.” Suena a arenga. También suena a diagnóstico que la calle ya se sabe de memoria.
El apoyo ha venido de ERC, Bildu y parte del grupo mixto (Podemos y BNG). Incluso ellos, con la boca pequeña, han dicho que la propuesta se queda corta y han criticado el trato de favor a la Iglesia. O sea: a la izquierda del PSOE le parece poco; al bloque de la derecha y a Junts, demasiado; al PSOE, molesto de tocar. Así se gobierna una crisis de vivienda: a base de vetos cruzados.
Quién tumba y con qué argumentos
El PNV, por boca de Maribel Vaquero, ha avisado de que la medida podría reducir la oferta y ha cuestionado su encaje jurídico. Quiere recortes “quirúrgicos”, excepcionales y limitados en el tiempo y el territorio. Traducción: no una regla general que duela a los grandes compradores, sino un parche local.
Junts ha sido más ácido. Marta Madrenas ha llamado a la iniciativa “ocurrencia”, “muy mala” y “desastre de técnica legislativa”. Ha soltado el ejemplo de que Florentino Pérez podría comprar cien viviendas en Barcelona y ha sostenido que la propuesta no frena de verdad a los fondos extranjeros. Si los frenara, dice, la apoyaría. El mensaje político es otro: Sumar propone, Junts descalifica, y el mercado sigue libre para quien tenga balance.
El PP ha hablado de flaqueza jurídica y de “recetas fallidas”. Miguel Ángel Sánchez ha recordado que el acceso a la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 de los españoles en 2018 a ser el primero. Vox ha tirado de “chapuza legislativa” y del eslogan de las colas. Nadie niega el drama. Nadie acepta tocar el negocio.
El PSOE se esconde y la vivienda se pudre
La abstención socialista no es neutralidad técnica: es cálculo. Sumar empuja una línea dura contra la financiarización; el PSOE no quiere romper del todo con socios ni con el relato de “estabilidad”. El resultado es el peor de los mundos para quien busca piso: la medida no avanza, el precio no baja y el debate se convierte en un ring de eslóganes.
Se puede discutir el diseño —excepciones, duración, control de elusiones, qué pasa con SOCIMIs y promotoras—. Eso es política seria. Lo que no cuela es fingir que el problema se arregla solo con más oferta retórica mientras se veta, una y otra vez, cualquier límite a la compra empresarial. Hoy el Congreso ha dicho no. Las familias, de nuevo, pagan el sí del mercado.