Italia vuelve a levantar el listón. El Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado una segunda prórroga de 15 días de los controles en puertos y aeropuertos a viajes procedentes de España. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, lo envuelve en “seguridad interna” y habla incluso de un posible peligro de “infiltraciones terroristas”. Lo que no aporta, al menos en la nota pública recogida por la prensa, es la prueba gruesa que justifique tratar a España como un riesgo estructural para el espacio Schengen.
España no se ha quedado quieta. El Gobierno ha comunicado a la UE que alarga sus propios controles en conexiones directas con Italia hasta el 8 de octubre, después de haberlos reintroducido el 8 de agosto y prorrogarlos ya hasta el 23 de septiembre. Es un tira y afloja: Roma aprieta, Madrid contesta, y el pasajero paga la cola.
Una medida que nació con Ceuta… y se ha quedado de eslogan
La primera suspensión italiana arrancó el 1 de agosto, en plena crisis migratoria de Ceuta. Se prorrogó desde el 31 de agosto y ahora se alarga otra quincena. El relato de Meloni es de manual ultra: frontera, miedo y firmeza. El problema factual es otro. Ceuta no forma parte de Schengen. Quien entra en la ciudad autónoma no obtiene, por ese hecho, libre circulación por la Península ni por Europa. Convertir esa crisis en sospecha permanente sobre todos los vuelos y barcos desde España es un salto político, no un silogismo de seguridad.
Italia dice haber controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España, haber rechazado la entrada a 31 personas (entre ellas ocho marroquíes) y haber detenido a otras seis. Son cifras que el propio Gobierno italiano ha aireado para justificar la prórroga. También son cifras que, puestas en escala, dibujan un rendimiento policial modesto para el coste diplomático y el deterioro del principio de libre circulación.
Terrorismo como comodín
Piantedosi, tras reunirse con el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad en las Fronteras, sostiene que siguen existiendo “elevados niveles de riesgo” y un posible peligro de infiltración terrorista. elDiario.es subraya un punto incómodo: la mención se lanza sin aportar prueba pública que conecte de forma específica esa amenaza con los flujos procedentes de España de un modo que no se pueda gestionar con cooperación policial ordinaria.
Cuando la ultraderecha europea necesita oxígeno interno, Schengen se vuelve flexible. No es que las excepciones no existan en el derecho europeo: existen y se notifican a la Comisión. Es que usarlas como escaparate de mano dura contra un socio —mientras se mantiene un discurso de “Europa de la seguridad”— vacía el sentido de la excepción. La excepción deja de ser temporal y se convierte en marca electoral.
El coste lo pagan los de siempre
Madrid ha exigido el levantamiento sin éxito y ha respondido en espejo. Es la lógica del “si tú paras, yo también”. Funciona como disuasión simbólica; funciona peor como política europea. Cada prórroga normaliza controles aleatorios, retrasos y la idea de que la confianza entre capitales del sur se negocia a quince días vista.
Hay una ironía amarga para quien mira la política migratoria desde la izquierda europea. Italia, que ha hecho de la contención en el Mediterráneo su bandera, señala a España por Ceuta al tiempo que la cooperación real —reubicación, asilo común, vías legales, presión compartida sobre rutas— sigue a medio gas. El resultado no es más Europa: es más aduana entre vecinos.
Meloni puede vender la prórroga como protección. En la práctica, lo que se prorroga es otra cosa: la costumbre de convertir un drama fronterizo ajeno en argumento doméstico, con Schengen de telón y sin que la amenaza invocada se sostenga con el mismo rigor con el que se recortan derechos de circulación.