José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a la Audiencia Nacional, esta vez no para explicar un contrato, sino para achicar el perímetro de lo que se le puede mirar. Su defensa pide a la Sala de lo Penal que expulse un informe de la UDEF sobre otro supuesto tráfico de influencias: gestiones a favor del conglomerado peruano Grupo Gloria y un cobro de 200.000 euros canalizado, según la policía, a través de Focus Social Research.
El envoltorio jurídico es elegante. Hablan de “investigación general” no autorizada, de intimidad vulnerada y de una “patente de corso” del juez José Luis Calama tras el registro de mayo. El abogado Víctor Moreno Catena resume la queja con una imagen potente: con lo incautado se puede reconstruir “día a día y hora a hora” más de seis años de vida profesional. Y de ahí deduce que no todo ese material puede peinarse en busca de delitos nuevos.
La UDEF, en cambio, no describe un hobby de consultoría. Sitúa los pagos de Focus como pieza que apuntala indicios de una organización dedicada a vender influencia internacional. Focus figura con objeto social de marketing; los agentes la tratan como sociedad interpuesta. El destino político del favor, según ese relato, serían litigios millonarios del grupo peruano con la administración boliviana.
Zapatero lo niega y corta por lo sano: la transferencia quedaría “fuera del perímetro” de la red que la policía le atribuye con Julio Martínez y otras mercantiles ligadas al caso Plus Ultra. Es decir: aunque el dinero exista en el radar policial, pediría que no entre en esta causa. No es un matiz menor. Es intentar que el sumario se quede en el capítulo ya abierto y no en el hilo que la UDEF acaba de tirar.
Desde la derecha el patrón resulta familiar. Primero se discute el fondo (si hubo influencia de pago). Después, cuando aparecen movimientos bancarios incómodos, la batalla se desplaza al procedimiento: el juez no puede mirar “todo”, la policía se extralimita, el hallazgo es “elucubrativo”. Las garantías procesales existen y hay que defenderlas. También existe el riesgo de convertir esas garantías en un escudo selectivo para quien ya fue presidente del Gobierno y operó con agenda internacional densa.
ElDiario.es detalla que el recurso ataca la decisión de investigar ese cobro y denuncia que la ampliación se hizo “de espaldas” al investigado, hasta el punto de que Calama le preguntó de forma sorpresiva el 17 de junio de 2026. ABC y La Vanguardia coinciden en el eje: sacar Bolivia del caso Plus Ultra y tumbar la tesis policial de un barrido patrimonial. El expresidente no pide archivar toda la causa en este escrito; pide amputar una vía.
Conviene no hacer trampas. Un informe policial no es una sentencia. Los 200.000 euros, tal como los relatan los medios a partir de la UDEF, son indicios en disputa, no un veredicto de culpa. Zapatero tiene derecho a recurrir y a exigir que la investigación no se convierta en una redada retrospectiva sin límites. Eso no obliga a tragar el relato de que cualquier ampliación es caza de brujas.
Porque el fondo político es otro. Un exjefe de Ejecutivo que facturó influencia en el exterior choca con la idea —muy española y muy cómoda— de que el poder se apaga al dejar Moncloa. Si la policía sostiene que se usaron contactos y ascendiente público para clientes privados en litigios con un Estado extranjero, la ciudadanía merece que eso se dilucide con luz, no que se recorte de antemano por incomodidad del investigado.
La Sala de lo Penal dirá si Calama se pasó de rosca o si la defensa intenta blindar un flanco. Mientras tanto, el mensaje de Ferraz y del entorno socialista suele ser el de siempre: judicialización, prospectividad, acoso. El mensaje de la instrucción es el contrario: cuando abres un despacho y salen pagos ajenos al guion inicial, no mirar es otra forma de decisión política.
España lleva años discutiendo si la política de puertas giratorias se juzga de verdad o solo se narra en libros de memorias. El recurso de Zapatero no cierra ese debate. Lo pone en el sitio más incómodo: en si un expresidente puede decidir, vía trámite, qué capítulos de su contabilidad internacional entran en el sumario y cuáles se quedan fuera por “ajenos”.