El caso Begoña Gómez vuelve a golpear en el sitio que más incomoda a cualquier Gobierno: no en el mitin, sino en el expediente judicial. La Universidad Complutense de Madrid ha pedido que la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su asesora Cristina Álvarez abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil por el uso del software investigado y de personal de la universidad.
La información, publicada por Europa Press a partir del escrito de conclusiones provisionales remitido al juez Juan Carlos Peinado, no significa una condena. Conviene subrayarlo desde la primera línea: estamos ante una petición de una parte personada, no ante una sentencia. Pero tampoco es un tuit más en la guerra de barro. Es la universidad que se considera perjudicada poniendo una cifra sobre la mesa.
Según esa información, la UCM hace suyos los hechos del auto de la Audiencia Provincial de Madrid que apuntan a indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software desarrollado en el marco de la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez.
También hay un dato que impide convertir la noticia en un veredicto político express: la Fiscalía ha avanzado que mantendrá su petición de absolución para Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Es decir, el tablero judicial no habla con una sola voz. Hay acusación, hay defensa, hay Fiscalía y habrá que ver qué queda probado.
La derecha tiene aquí munición evidente. Un Gobierno que presume de regeneración y acaba de llevar al Congreso una ley de integridad pública no puede tratar como anécdota que una universidad pública reclame dinero en una causa que afecta a la esposa del presidente. Aunque Sánchez no esté acusado en esta pieza, el desgaste político cae sobre La Moncloa porque el apellido pesa y porque la pedagogía anticorrupción exige coherencia incluso cuando duele.
La izquierda debería resistir la tentación de responder con el manual automático de “lawfare” a cualquier novedad incómoda. Puede haber excesos mediáticos, puede haber una instrucción discutida y puede haber ruido interesado. Pero cuando una institución pública pide más de 113.000 euros como perjudicada, la respuesta democrática madura no es taparse los oídos: es exigir garantías, pruebas y un proceso limpio.
El punto delicado está en no saltar de “presunto” a “culpable”. La UCM reclama; la Fiscalía pide absolución; la Audiencia acotó el procedimiento tras archivar otros delitos que se habían imputado. Esa es la foto completa. Quien venda una condena anticipada está haciendo propaganda. Quien venda que no pasa nada, también.
Políticamente, el caso encaja en una legislatura agotadora para el Gobierno: corrupción, sospechas, indultos, pactos incómodos y una oposición que no necesita inventarse todas las balas porque algunas aparecen solas. La pregunta ya no es solo jurídica. Es de confianza pública. Y la confianza, cuando se erosiona, no se recompone con eslóganes sobre transparencia.
El asunto debe terminar donde corresponde: en los tribunales, con pruebas y con garantías. Pero mientras tanto hay una obligación política básica: no insultar la inteligencia del ciudadano. Si el caso no tiene recorrido, que se archive con claridad. Si hay daño público acreditado, que se responda. Lo que no sirve es pedir fe ciega a una sociedad que lleva demasiados años oyendo que todos los escándalos del propio bando son casualidad y todos los del rival son sistema.