Sospechosos por vivir fuera: PP y Vox ponen en la diana el voto de 3,5 millones de españoles

Hay una manera muy eficaz de decidir quién vota sin tocar una sola urna: sembrar la duda sobre quienes lo hacen. Es, según denuncia la izquierda, lo que están haciendo estos días PP y Vox con los españoles que viven fuera del país. Y no hablamos de cuatro personas sueltas: hablamos de millones.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo resumió este 1 de julio en La 1 de TVE con una frase sin anestesia: PP y Vox «no quieren que 3,5 millones de españoles puedan votar», según recogió elDiario.es. La acusación no salió de la nada. Llegó como respuesta a una ofensiva de las derechas contra el voto exterior y contra la Ley de Memoria Democrática, la conocida como ley de nietos.

Vox quiere suspender el voto por correo desde el extranjero

El detonante más explícito lo puso Vox. Su diputado José María Figaredo pidió suspender directamente el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero, según informó la Cadena SER. ¿El motivo? Un supuesto riesgo de lo que él llamó «pucherazo electoral», una expresión gruesa que conviene entrecomillar bien: es una acusación suya, no un hecho acreditado. Y por si quedaba margen para la sobriedad, Figaredo fue más allá y habló incluso de un «golpe de Estado en diferido».

La propuesta no es menor por su alcance. Según la Cadena SER, el voto consular que Vox quiere suspender afecta a unos 2,7 millones de españoles que ejercen su derecho desde fuera. Es decir, se plantea dejar sin papeleta a toda una ciudad de compatriotas por una sospecha que, de momento, nadie ha respaldado con datos.

Aquí toca ser precisos, porque el ruido tiende a inflarlo todo. No hay ningún fraude probado sobre la mesa. Eso tampoco significa que un sistema con millones de trámites no pueda tener incidencias administrativas: puede tenerlas, como cualquier procedimiento de ese tamaño. Pero una cosa es revisar la gestión y otra muy distinta es suspender de golpe el derecho a votar de millones de personas apelando a un peligro que se enuncia, pero no se demuestra.

El dato que desactiva el relato: 2023

Frente a la alarma, Albares tiró de hemeroteca reciente. El ministro recordó que en las elecciones generales de 2023 se votó exactamente con el mismo procedimiento que ahora se pone en cuestión. Y añadió el detalle que más incomoda al argumentario de la derecha: aquel voto exterior solo movió un diputado. Uno. Y encima ese escaño no fue a parar a la izquierda, sino que pasó del PSOE al PP.

Es un dato que conviene tener a mano cada vez que alguien insinúe que el voto de los emigrantes es una máquina de fabricar mayorías para el Gobierno. Con el mismo sistema, hace tres años, el único escaño que se movió cambió de manos en dirección contraria a la sospecha. Difícil sostener la teoría del amaño cuando el balance final acabó favoreciendo al principal partido de la oposición.

La ley de nietos, el otro frente

El segundo campo de batalla es la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre de 2022 según la Cadena SER. La norma permite solicitar la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse. Es, en el fondo, una reparación: devolver el vínculo con el país a las familias que la dictadura empujó fuera.

Los números que ha comunicado el Gobierno, con fecha de 31 de marzo de 2026, ayudan a situar la escala: 2,5 millones de trámites iniciados, 545.000 expedientes aprobados y 306.500 personas ya inscritas en el Registro Civil consular. Y aquí toca frenar otra vez para no mezclar churras con merinas: iniciar un trámite de nacionalidad no es lo mismo que estar inscrito, y estar inscrito no equivale automáticamente a ser un votante movilizado. Son fases distintas de un proceso largo, y confundirlas a propósito es justo lo que permite hinchar el relato del «aluvión».

El marco que ha elegido parte de la derecha es transparente. Feijóo habló de «fabricar votantes» y de «ingeniería electoral», según elDiario.es, dando por hecho que detrás de una política de reparación histórica lo que hay es un cálculo de escaños. El problema para el PP es que ese discurso choca con su propia posición oficial: la portavoz Ester Muñoz aseguró que su partido siempre ha defendido que los descendientes de exiliados puedan recuperar la nacionalidad. Las dos cosas a la vez, cuesta sostenerlas.

De qué va realmente esto

Al final, la discusión no es técnica, es de fondo. Se puede debatir sobre cómo mejorar la gestión del voto exterior; sería hasta sano. Lo que denuncia la izquierda es otra cosa: que se está construyendo un clima de sospecha permanente sobre millones de españoles por el simple hecho de vivir fuera, y que esa sospecha se usa como palanca para recortar o desacreditar su participación.

Son españoles con pasaporte, con derechos y, muchos de ellos, con una historia familiar marcada precisamente por haberse tenido que marchar. Convertirlos en sospechosos por defecto tiene un coste que va más allá de un escaño: es empezar a decidir que hay ciudadanos de primera, los que están dentro, y ciudadanos bajo vigilancia, los que están fuera. Y esa, para cualquier democracia, es una frontera peligrosa de empezar a dibujar.