La crisis de Ceuta ya ha salido de Ceuta. En Castilla y León, el PSOE ha preguntado al presidente Alfonso Fernández Mañueco si va a permitir que Vox lleve al Gobierno autonómico la suspensión de ayudas a ONG que, según el partido de Santiago Abascal, favorezcan la inmigración irregular o colaboren con lo ocurrido en la frontera.
Europa Press recoge que Carmen Iglesias, portavoz socialista de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, habla de “atropello político y jurídico” y sostiene que una subvención no se puede suspender sin una causa legal. La frase importante no es la bronca, sino el mecanismo. Si una administración retira dinero público, debe explicar con expediente, hechos y norma qué conducta concreta castiga. No vale el humo.
Vox viene empujando esa línea desde el final de julio. ABC informó de la orden de suspender ayudas en gobiernos donde el partido tiene poder a entidades que “colaboren” con la inmigración irregular. La Cadena SER publicó que Carlos Pollán ratificó esa posición en Castilla y León. Y La Gaceta enmarca la ofensiva dentro de un plan autonómico más amplio de desregulación, ventanilla única y prioridad nacional.
Desde una lectura progresista, el peligro es evidente: convertir a las ONG en chivo expiatorio administrativo. Una cosa es auditar subvenciones, exigir facturas, revisar convenios y cortar cualquier irregularidad probada. Eso debería hacerse siempre, gobierne quien gobierne. Otra muy distinta es lanzar una categoría política nebulosa —“colaborar con el problema migratorio”— y usarla como tijera preventiva contra el tercer sector.
También conviene separar hechos de ruido. Que una ONG atienda a personas migrantes no demuestra que provoque entradas irregulares. Atender una consecuencia no equivale a causar el problema. Si Vox o cualquier consejería tiene nombres, pruebas y expedientes concretos, debe ponerlos sobre la mesa. Si no los tiene, la medida funciona más como mensaje electoral que como política pública seria.
El PP queda otra vez en la silla incómoda. Mañueco gobierna con una derecha que quiere convertir la prioridad nacional en regla de reparto y con una oposición que le exige decir si comparte ese marco o simplemente lo tolera para conservar poder. La pregunta es dura porque no va solo de inmigración: va de cómo se gobierna cuando tu socio quiere convertir la administración en altavoz ideológico.
Hay margen para revisar ayudas, claro. Incluso para cancelar las que incumplan objetivos o se gasten mal. Pero hacerlo bien exige procedimiento, proporcionalidad y datos. Lo contrario sería política de sello y castigo: hoy contra ONG de inmigración, mañana contra cualquier entidad incómoda para la mayoría del momento. Y cuando el Estado de derecho se convierte en una nota de prensa con tijeras, el problema ya no lo tiene solo el tercer sector.