Sara Aagesen compareció este miércoles en el Senado ante la comisión de investigación sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI. Lo hizo en calidad de exvocal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el FASEE, el mecanismo usado durante la pandemia para rescatar compañías consideradas estratégicas. El asunto tiene chicha: dinero público, decisiones urgentes, empresas grandes y una oposición dispuesta a convertir cada expediente en una prueba general contra el Gobierno.
El PP salió fuerte. En una nota oficial, el senador José Manuel Hernando reprochó a Aagesen respuestas del tipo “no recuerdo”, “no tengo conocimiento” o “no me consta”, y le pidió explicaciones sobre expedientes como Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos. También sostuvo que las investigaciones judiciales obligan a revisar el funcionamiento del fondo. Todo eso merece control parlamentario. Mucho. Precisamente porque hablamos de miles de millones potenciales y de decisiones tomadas en un momento excepcional.
Control no significa linchamiento
La izquierda haría mal en responder a cualquier pregunta sobre la SEPI con el piloto automático de “fachos haciendo ruido”. Las ayudas públicas deben poder auditarse hasta la última coma. Si hubo informes débiles, prisas mal justificadas, puertas giratorias o decisiones políticas disfrazadas de técnica, hay que saberlo. La transparencia no es un favor a la oposición: es una obligación democrática.
Pero la derecha también juega con fuego cuando salta de la sospecha a la condena en una misma frase. Una comisión parlamentaria no es un juzgado, y una comparecencia incómoda no convierte a nadie en culpable. El propio nombre oficial de la comisión habla de “presuntas irregularidades”. Ese adjetivo no es decoración. Marca una frontera: investigar, sí; fabricar sentencia por megáfono, no.
El precedente del apagón debería servir de aviso
Hay otro patrón que conviene recordar. En junio, Newtral verificó como falsa una afirmación del PP según la cual Aagesen no había dado explicaciones sobre el apagón. La verificación no absolvía al Gobierno de toda responsabilidad política; simplemente ponía un límite factual: sí había comparecencias, informes y entrevistas. Ese matiz importa porque la política española se está acostumbrando demasiado a triturar los matices.
Con la SEPI pasa algo parecido. Que el PP fiscalice rescates públicos es legítimo. Que pregunte por documentación, informes técnicos, riesgos y seguimiento de las empresas es necesario. Que convierta cada “no me consta” en una pieza más de un relato cerrado de corrupción generalizada ya es otra cosa. Si hay pruebas, que se enseñen. Si hay responsabilidades políticas, que se delimiten. Si hay delito, que lo digan los tribunales.
El fondo del debate debería ser menos televisivo y más útil: cómo se diseñan rescates empresariales en crisis, qué controles previos y posteriores existen, qué información recibe quien vota en un consejo gestor y cómo se evita que el dinero público acabe protegido por una niebla de urgencia. Esa conversación incomoda al Gobierno, claro. Pero también obliga a la oposición a algo más difícil que lanzar titulares: construir una acusación con papeles, fechas y responsabilidades concretas.
La democracia necesita comisiones de investigación que muerdan. Lo que no necesita son comisiones convertidas en una picadora donde entra una comparecencia y sale una condena empaquetada para redes. Si la SEPI falló, que se sepa. Si alguien usó el Estado para favorecer a empresas concretas, que responda. Pero precisamente por eso hay que cuidar los hechos. Porque cuando todo es corrupción antes de investigarlo, al final nada se investiga bien.