Abogacía del Estado, Ineco y Tragsatec: cuando el caso Ábalos vuelve a tocar dinero público

La Abogacía del Estado entrará en la causa sobre la contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, para defender a las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Lo han contado EFE y Europa Press: el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso ha aceptado que el servicio jurídico del Estado represente a esas sociedades públicas en la investigación.

El matiz importa. La noticia no dice que nadie haya sido condenado, ni que las empresas sean culpables de un delito. Lo que hay es una investigación judicial sobre contrataciones vinculadas al entorno del exministro y una decisión procesal: el Estado defenderá a dos compañías públicas afectadas. En un país normal, ese dato debería activar una conversación sobria sobre responsabilidades, controles y uso de recursos públicos. En España, lo más probable es que acabe triturado por la guerra de trincheras.

Desde una lectura liberal-conservadora, la pregunta sale sola: ¿cuánto tiene que acercarse una empresa pública al barro de la política para que el contribuyente deje de entender qué está pagando? Ineco y Tragsatec no son bares de partido ni fundaciones opacas: son sociedades vinculadas al sector público. Si aparecen en una causa que investiga presuntos enchufes, la prioridad debería ser limpiar el expediente, colaborar con la justicia y explicar qué controles fallaron o no fallaron. Sin teatro, pero sin alfombra.

La Abogacía del Estado tiene una función legítima: defender intereses públicos cuando procede. El problema político aparece cuando el ciudadano percibe que esa maquinaria jurídica puede terminar protegiendo el coste reputacional de una red de poder antes que el interés general. Esa percepción no prueba un delito. Pero sí erosiona confianza. Y la confianza pública no se arregla con una nota técnica ni con llamar “procedimiento ordinario” a todo lo incómodo.

EFE subraya que la defensa se refiere a las empresas públicas en la causa. Europa Press añade que la Audiencia Nacional investiga el llamado caso Koldo y que el juez ha acordado aceptar esa representación. Otros medios, como Cadena SER y El Periódico, han situado la decisión en la investigación por las contrataciones de Rodríguez en Ineco y Tragsatec. El suelo factual, por tanto, es claro: no estamos ante una sentencia, sino ante una pieza más de un caso que sigue creciendo alrededor del antiguo núcleo de Transportes.

La derecha hará sangre, y no le faltará munición política. Pero también conviene exigir precisión: acusar sin pruebas sólidas solo regala al Gobierno la salida fácil de presentarse como víctima. Lo exigible es más simple y más duro: documentos, contratos, fechas, funciones reales, responsables que firmaron y explicaciones públicas. Si todo fue correcto, que se vea. Si no lo fue, que caiga quien tenga que caer.

El Gobierno lleva meses intentando encapsular cada capítulo de corrupción como si fuera una avería aislada. El problema es que las averías aisladas, cuando se repiten alrededor de los mismos nombres, ya no parecen casualidad: parecen sistema o, como mínimo, falta de control. Y cuando el Estado entra a defender empresas públicas en una investigación políticamente explosiva, la transparencia deja de ser una cortesía. Pasa a ser la única forma de que la defensa jurídica no parezca defensa del poder.