Cuando la causa aprieta, el dinero aparece. Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha consignado en la Audiencia Nacional casi 44.000 euros. Son los que cobró de dos empresas públicas entre 2019 y 2021 sin pisar la oficina. Ni un día. Ni una hora. La consignación llega ahora, tras años de investigación, cuando el juicio oral empieza a perfilarse en el horizonte y la presión procesal ya no da más margen.
Las cifras, sin rodeos
El juez Ismael Moreno lo ha dejado por escrito en una providencia. Rodríguez ingresó 39.950,54 euros en concepto de responsabilidad civil. Sumados a los 4.000 euros ya aportados el pasado 14 de octubre, el total roza los 44.000 euros. Exactamente, 43.978,40 euros: la cifra que Ineco y Tragsatec —dos empresas del sector público— comunicaron al juez que le habían abonado durante esos dos años.
No hay discusión sobre el importe. Lo confirmó la propia Rodríguez. Cuando testificó en el Tribunal Supremo durante el juicio de las mascarillas, reconoció sin ambages que no realizó trabajo alguno en ese periodo. Cobró. Firmó la nómina. No fue a trabajar. No hay más versiones de los hechos sobre la mesa porque ella misma los admitió.
El artículo 21.5: estrategia, no expiación
Su defensa ha sido completamente diáfana en la explicación del movimiento. La consignación se hace, cita textual, «única y exclusivamente a los efectos del artículo 21.5 del Código Penal». Ese precepto recoge una atenuante de responsabilidad criminal: haber procedido a reparar el daño causado o a disminuir sus efectos antes de que tenga lugar el acto del juicio oral. En cristiano: devuelves antes del juicio y pides que te lo tengan en cuenta.
Conviene ser precisos sobre lo que esto significa y, sobre todo, sobre lo que no significa. El artículo 21.5 no garantiza una absolución. Ni siquiera asegura una rebaja sustancial de pena. Lo que permite es que la defensa alegue ante el tribunal que su cliente, antes de ser juzgada, restituyó el dinero que se le imputa haber cobrado indebidamente. El tribunal valorará ese gesto según las circunstancias del caso. Puede pesar, puede no pesar. El propósito del ingreso no es moral: es procesal. Y hay que reconocerle a la defensa que, al menos, no lo disimula.
El juez Moreno, por su parte, ha comunicado el hecho a la Fiscalía Anticorrupción para que informe si procede tener por consignada la cantidad. No es automático. La decisión queda en manos de la acusación pública. El proceso sigue abierto.
El plan era ese: cobrar sin trabajar
La Anticorrupción había pedido la imputación de Rodríguez con un argumento muy preciso. Según los fiscales, el propósito del plan criminal era exactamente ese: que Rodríguez no trabajara en esas empresas y que, pese a ello, percibiera mensualmente un salario de dinero público. No es un efecto colateral de la trama. Es, según la acusación, el objetivo central del esquema. El beneficio no era solo económico: era también la cobertura que da figurar en nómina en dos empresas del Estado.
Ineco y Tragsatec son empresas dependientes del Estado. Sus plantillas y nóminas se nutren del dinero de los contribuyentes. Entre 2019 y 2021, Rodríguez constaba como contratada en ambas compañías. 43.978,40 euros salieron de esas cuentas hacia la suya. Sin contraprestación. Sin trabajo. Sin presencia. Así lo reconoció ella misma ante el Supremo.
Todo esto se enmarca en el caso Koldo, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en España. Una trama que, según la investigación judicial, mezcla contratos públicos irregulares, comisiones ilegales y favores que se extendieron por diversas esferas del poder durante el mandato de Ábalos como ministro. Un caso que sigue sumando frentes.
El intento de cosa juzgada, rechazado
Rodríguez intentó, antes de llegar a este punto, sacudirse la investigación de la Audiencia Nacional. Alegó cosa juzgada. Su argumento: el Tribunal Supremo ya había dictado sentencia en el juicio de las mascarillas, que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, y esa resolución la cubría a ella también. Que ya estaba todo resuelto y que no procedía seguir investigándola en otro tribunal.
El juez Moreno no lo aceptó. Su criterio es claro: en esa sentencia del Supremo no se resolvió la responsabilidad penal de Jéssica Rodríguez. Son hechos distintos, investigados en una causa distinta, con una imputación propia. La Audiencia Nacional tiene jurisdicción y la investigación tiene entidad suficiente para seguir adelante. La puerta de salida fácil estaba cerrada.
Cuando fue citada a declarar en la Audiencia, Rodríguez se acogió al derecho a no declarar. Un derecho constitucional que nadie puede reprocharle en términos jurídicos. Pero el contraste llama la atención: quien no quiso hablar ante el juez sí ha movido ficha con rapidez en cuanto llegó el momento procesal oportuno para activar una atenuante.
Dinero público, cuenta atrás
El contexto político no es un accesorio. Estamos a un mes del 29 de noviembre, fecha que concentra una presión judicial y política considerable sobre los actores más comprometidos del sanchismo en la etapa Ábalos-Koldo. La consignación llega ahora, después de años de investigación, cuando el juicio oral deja de ser una abstracción lejana.
No hay ningún acto de contrición en este ingreso bancario. La propia defensa lo deja negro sobre blanco en su escrito: es un movimiento al amparo de un artículo del Código Penal, orientado a construir la mejor posición posible de cara al juicio. Lo entendible desde el punto de vista legal no lo hace más presentable desde el ético ni desde el político.
Detrás de esos casi 44.000 euros consignados hay dos años en los que el dinero de todos los españoles pagó nóminas a alguien que, según sus propias palabras, no fue a trabajar. Y según la acusación, ese era el plan desde el principio. La factura del caso Koldo no está saldada con un ingreso en el banco del juzgado. Sigue abierta. Y cada nuevo capítulo añade un renglón más a una historia que todavía no ha terminado de contarse.