El Gobierno ya no se limita a la bronca. La Abogacía del Estado ha metido en el Supremo un recurso de reposición contra la suspensión cautelar del derecho de voto de quienes se nacionalizaron por la llamada ley de nietos. El mensaje es seco: el alto tribunal se ha «excedido» y, según el Ejecutivo, no hay riesgo electoral que justifique cercenar el sufragio de cientos de miles de personas.

La semana pasada, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimó en parte las cautelares pedidas por Vox e Iustitia Europa y paralizó la inscripción en el censo de residentes ausentes (CERA) de los beneficiarios de la disposición de la Ley de Memoria Democrática. El argumento judicial hablaba de «magnitud» del aumento del censo y de un peligro para la «transparencia» y la confianza en los resultados. Para el Gobierno, esa lógica convierte una cautelar en un atajo político con disfraz técnico.

Qué se discute de verdad

La ley de 2022 abre la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella por exilio político, ideológico o de creencia. Una instrucción de Justicia, de octubre de ese mismo año, añadió una presunción: se entiende la condición de exiliado para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, con prueba de la salida. Ahí se apoyan los recurrentes para hablar de una puerta «generalizada». El Supremo, al suspender el voto, pidió en la práctica que se acredite el exilio sin apoyarse en esa presunción.

La Abogacía replica que el tribunal entra en una instrucción que nadie impugnó a tiempo, que no es el acto recurrido (la Junta Electoral Central se declaró incompetente para valorar cómo se conceden esas nacionalidades) y que, además, prejuzga el fondo en un incidente cautelar. En cristiano: se corta el censo sin tumbar, uno a uno, los títulos de nacionalidad. El recurso subraya que el sufragio nace con la nacionalidad; no se puede «congelar» el censo dejando intacto el pasaporte.

Las cifras que pelean

El relato del «peligro» se sostiene sobre números gordos. El Gobierno ha barajado, en la secuencia pública del expediente, solicitudes masivas de descendientes y cientos de miles de nacionalidades ya concedidas o en trámite. Pero en el recurso, según el relato de Público y el contraste con el auto, la Abogacía baja el impacto real del voto exterior con un certificado consular: a 31 de agosto de 2026 habrían quedado inscritos por esta vía 168.896 electores. Aplicando la participación histórica del CERA, el peso estadístico cae a decenas de miles de votos posibles, no a «varias provincias» decidiendo escaños por arte de magia.

El Ejecutivo añade lo obvio y lo olvidado a la vez: nadie puede predecir el sentido del voto. Tratar a los nuevos españoles como un bloque monocolor es política de trinchera, no análisis electoral. Y aunque se aceptara un riesgo residual, la Abogacía sostiene que sería «ínfimo» frente al daño de cercenar un derecho fundamental.

El camino al Constitucional

El recurso de reposición se presenta ante la misma sección que dictó la cautelar. Las probabilidades de revocación inmediata son bajas; el trámite sirve, sobre todo, para agotar vía y preparar el salto al Tribunal Constitucional por vulneración del derecho de sufragio. No es un tecnicismo de despacho: es la pelea por si un tribunal puede, de un plumazo cautelar, dejar sin voto a una generación de descendientes del exilio mientras se discute el fondo.

Para la mesa de izquierda el marco es claro. La memoria democrática no es un adorno de hemiciclo: se mide cuando hay urnas. Suspender el voto de quienes acaban de recuperar la nacionalidad de sus abuelos no «protege» la democracia; la achica. Si hay irregularidades concretas en expedientes, se combaten expediente a expediente. Lo que no cabe es convertir a cientos de miles de nuevos electores en sospechosos permanentes porque alguien teme que voten «mal».

El Supremo puede ganar o perder el fondo. Mientras tanto, el Gobierno ha dejado por escrito que la cautelar no le parece un freno técnico, sino un exceso. Y esa es la pelea que llega ahora a la misma sala… y, si hace falta, a la de garantías.

Fuentes y contexto