Cuando se convocó la huelga general del 11 de noviembre, la pregunta que más veces se ha repetido en los últimos días no era «¿apoyáis la huelga?» sino una más retorcida: «¿y qué pasa con el voto por correo?». Una pregunta legítima, por cierto, aunque a veces la hayan formulado con más ganas de liar que de aclarar.
Pues bien, este viernes 6 de noviembre el Gobierno ha dado su respuesta: el Ministerio del Interior, con la firma del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha publicado en el BOE la orden de servicios mínimos obligatorios en Correos para esa jornada de paro de 24 horas. Y el criterio es claro: lo que tiene que ver con las elecciones generales del 29 de noviembre se mantiene. El resto, que pare si toca parar.
La huelga va, y va en serio
Antes de entrar en los detalles del BOE, conviene no perder el hilo de lo que importa: esta huelga la han convocado CCOO y UGT, con CGT sumando también una jornada completa ese mismo día. El motivo es la vivienda. No la burocracia sindical, no un capricho negociador: la crisis de acceso a la vivienda, que lleva años aplastando a quienes cobran un sueldo normal y quieren vivir en una ciudad normal. Esa movilización es legítima, es necesaria, y nadie con dos dedos de frente puede decir que fijar unos mínimos electorales la «anula» o la «prohíbe».
Una huelga general no muere porque parte del servicio postal siga funcionando para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Muere si el Gobierno usa esa excusa para fijar mínimos tan altos que, en la práctica, vacíen el paro. Y eso es exactamente lo que hay que vigilar: que los mínimos sean mínimos de verdad, no una escapatoria para la patronal vestida con toga democrática.
¿Qué dice exactamente el BOE?
La orden es bastante concreta. Lo que se mantiene activo son las tareas directamente vinculadas al proceso electoral del 29-N: tramitación del voto por correo, documentación censal y distribución de propaganda electoral. Punto. Las oficinas mantienen su horario habitual solo para esos trámites electorales.
¿Cuánta gente tiene que estar? La fórmula va por tramos según el tamaño de la oficina: hasta cuatro trabajadores, uno por turno; entre cinco y ocho, dos; más de ocho, tres. Y siempre tiene que haber un director o responsable. En el medio rural, el 100% de los puntos con atención al público habitual para labores electorales permanece operativo.
Para los Servicios Especiales de distribución —los que llevan el voto de los electores a la Oficina del Censo— el mínimo es del 50% en turno de mañana y 50% en turno de tarde, más un responsable por turno. En distribución rural y servicios rurales, 50% de reparto con un mínimo de una persona, más responsable.
Los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA) —hay una larga lista: Santiago, Valladolid, Oviedo, Vitoria, Zaragoza, Barcelona, Mérida, Alicante, Valencia, Palma, Sevilla, Granada, Málaga, Las Palmas, Tenerife— y algunos centros especializados como Admisión Masiva en Madrid o el CTP de Bilbao, trabajan al 25% por turnos de mañana, tarde y noche. Mismo porcentaje para carga y descarga en Pamplona, Jerez y Murcia, y para propaganda en Barcelona y Madrid.
En la sede central, el impacto es limitado: en conjunto, menos del 10% de la plantilla afectada. Los departamentos más movilizados en términos de personas serían Operaciones (21 personas), Tecnología (20) y Secretaría General (15).
El problema no es el mínimo, es quién lo decide
Aquí viene el matiz que no se puede ignorar: Correos designa individualmente a quién cubre las guardias. Eso significa que, en la práctica, la empresa tiene margen para elegir quién trabaja y quién no ese día. No es un detalle menor. En huelgas anteriores, ese margen ha generado conflictos sobre si los designados son los más o los menos sindicalizados, si hay presión encubierta, si se cumple o no el criterio de imparcialidad.
Los sindicatos deberán estar muy encima de ese proceso. Y si hay irregularidades, habrá que denunciarlas. Pero el hecho de que haya mínimos electorales no es, en sí mismo, el problema: es la herramienta la que puede usarse bien o mal.
Dos derechos, un mismo Estado
El derecho a la huelga y el derecho al sufragio no son rivales. Los dos están en la Constitución. Los dos son pilares de cualquier democracia que se tome en serio. Y cuando coinciden en el tiempo —una huelga general y un proceso electoral a dieciocho días vista— el Estado tiene la obligación de proteger los dos, no de sacrificar uno para inflar el otro.
Lo que ha hecho Interior esta semana es, en esencia, trazar una línea: lo electoral se protege porque es un mandato legal y democrático. Lo demás, que el conflicto laboral lo resuelvan las partes. No es una declaración de amor a los sindicatos, ni tampoco una puñalada. Es gestión de derechos en conflicto, que para eso están los gobiernos.
La huelga del 11-N por la vivienda tiene fuerza, tiene razón y tiene legitimidad. Que Correos siga repartiendo papeletas de voto ese día no le quita ni un gramo de cualquiera de las tres.