Imagina que llevas cuatro semanas plantado en la puerta de tu empresa pidiendo una reunión, y tu jefa responde que ya hablaréis en otro despacho, con otra gente, cuando a ella le venga bien. Pues eso es, más o menos, lo que viven estos días miles de docentes madrileños. La educación pública de la Comunidad está parada —de las aulas de infantil a los campus universitarios— y la persona que tendría que coger el teléfono, la consejera Mercedes Zarzalejo, sigue sin descolgarlo.
El miércoles 5 de noviembre la escena lo resumió todo. Nueve miembros del Comité de Huelga Mixto se encerraron más de una hora en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, en la calle Santa Hortensia 30. ¿El motivo? Forzar una reunión que llevan semanas pidiendo por escrito. La reunión no se produjo: alegaron que el director de RRHH, Miguel José Zurita, no estaba. Los representantes registraron un escrito reclamando una cita «a la mayor brevedad» amparados en el derecho de huelga y salieron a las 11:12, pacíficamente, tras identificarse ante la Policía Nacional. En la puerta, alrededor de cien profesores con camisetas verdes coreaban lo de siempre: «Educación pública» y un «se nota, se siente, Zarzalejo está ausente» que ya es casi el himno del curso.
Cuatro semanas sin que les reciban
No es un detalle menor. La huelga indefinida del profesorado no universitario arrancó el 14 de octubre; las educadoras de infantil llevan en pie desde el 7 de abril. Y, según el propio comité, todavía no han sido convocados a una reunión formal. Andrea Ordóñez, de CNT, lo decía sin rodeos: cuarta semana de huelga y aún sin sentarse. Sergio Calvente, de CGT Enseñanza Madrid, avisaba de que si no les reciben llevarán el asunto a los tribunales.
Aquí está el truco de fondo, y conviene entenderlo. Aída San Millán, de CCOO Enseñanzas Madrid y portavoz del comité, critica que la Consejería «juegue al juego de la Mesa Sectorial» cuando la ley obliga a sentarse con el Comité de Huelga. Traducido: cuando hay un conflicto laboral abierto, la Administración no puede escaquearse remitiéndote a otro foro. Tiene que negociar con quien convoca el paro. Marear la perdiz con tecnicismos sobre qué mesa toca no es dialogar. Es ganar tiempo a costa de que el conflicto se enquiste.
Qué piden, en cristiano
Porque detrás de las pancartas hay reivindicaciones muy concretas, nada etéreas. Los docentes no universitarios piden 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y FP y 22 en Primaria: menos horas de clase para poder preparar, corregir y atender bien. Piden bajar ratios, es decir, menos alumnos por aula. Más orientación y atención a la diversidad. Medidas contra la segregación escolar y recuperar las aulas de enlace para el alumnado recién llegado. Cambiar el modelo actual de bilingüismo. Una subida de más de 600 euros al mes y equiparación salarial. Un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Un auxiliar administrativo completo por centro. Y cosas que uno pensaría resueltas en 2026: climatización, retirada del amianto, fin de las obras por fases eternas y prevención de riesgos laborales en condiciones.
Nada de esto suena a capricho. Suena a lo que cualquiera querría para el cole de sus hijos: aulas que no sean hornos, sin amianto, con menos niños por profesor y gente que llegue a fin de mes sin pluriempleo.
La universidad también se mueve (y un detenido)
El conflicto no se queda en los institutos. Los días 4 y 5 de noviembre, seis universidades públicas madrileñas sumaron dos jornadas de huelga convocadas por la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública. Eva Aladro, de la plataforma UCM por la Pública, cifraba ante EFE el seguimiento en torno al 95% en la Complutense, la Politécnica y la Autónoma, salvo excepciones. Conviene marcar que es una cifra de la plataforma, no un dato oficial de la Comunidad.
El 5-N la concentración frente a la Consejería, por la calle Alcalá hacia Sol, obligó a la Policía a cortar el tráfico. Y ahí se produjo el episodio más feo de la jornada: la Policía Municipal detuvo a una persona por «desobediencia y resistencia». Claudia Saralegui, de Menos Lectivas, denunció que se trató de la detención «violenta» de un profesor pacífico, trasladado a la comisaría de Leganitos, tras la provocación de un «agente infiltrado». Es la versión sindical, no una sentencia, y como tal hay que tomarla. Pero que en una protesta por las ratios y el amianto acabe un docente esposado dice bastante del clima que se ha dejado crecer.
Qué cambia y qué no
Aquí está, a nuestro juicio, el nudo político. Esto ya no va solo de nóminas y de termostatos. Cuatro semanas sin recibir al comité no es un despiste de agenda: es una forma de gobernar. Es dejar que la pública se desgaste sola, confiar en que el cansancio haga el trabajo de la negociación y, de paso, convertir cada concentración en un asunto de orden público en lugar de un asunto educativo.
El Gobierno regional de Ayuso lleva años vendiendo «libertad» educativa mientras la red pública acumula barracones, listas de espera en orientación y profesorado al límite. Lo que está en juego estas semanas no es una mesa técnica: es si la escuela pública merece que su propia Administración se siente a hablar con ella. De momento, la respuesta de Zarzalejo es el silencio. Y el silencio, en un conflicto laboral, también es una decisión.