Hay una frase que se repite mucho en los debates sobre seguridad electoral y que a mí, sinceramente, me produce cierta urticaria: «No hay que poner puertas al campo». Se usa para descalificar cualquier cautela, cualquier exigencia de rigor, cualquier petición de que las cosas se hagan bien. Como si pedir garantías fuera de maniacos o, peor, de malintencionados que quieren sembrar dudas sobre el sistema.
Pues miren, no. Pedir que quien vota demuestre que es quien dice ser no es sembrar dudas: es cerrarlas. Y eso es exactamente lo que acaba de conseguirse con la decisión de la Junta Electoral Central del pasado 5 de noviembre.
Lo que pasó y por qué importa
Vamos al grano: la JEC ha autorizado que el DNI electrónico —la aplicación MiDNI, para entendernos— sirva para identificarse y votar en las generales del 29-N. Pero no de cualquier manera. Lo ha hecho después de que el Ministerio del Interior se comprometiera a dotar a las mesas electorales de un dispositivo con cámara y navegador que incorpore el verificador QR de la web oficial de MiDNI.
¿Y qué significa esto en la práctica? Que el votante deberá abrir la aplicación delante de los miembros de la mesa, generar un código QR temporal y dejarlo escanear. Si cuadra, adelante. Si no, hay un problema. Así de simple, así de razonable.
Ahora bien, esto no ha caído del cielo. Hay un antecedente que conviene recordar porque explica mucho de lo que está pasando.
El PP forzó la cuestión —y bien hecho—
Hace unos meses, la JEC había permitido el uso del DNI digital y del carné de conducir digital para identificarse en las urnas, argumentando que ambos incluyen fotografía. Suena razonable, ¿no? Pues no tanto cuando rascas un poco.
Mostrar una foto en el móvil no demuestra nada. Cualquiera puede tener una captura de pantalla del DNI de otra persona. Sin verificación, la app es papel mojado digital. Y eso fue exactamente lo que alegó el PP: no basta enseñar la pantalla, hay que abrir la aplicación, generar un código único y verificarlo en tiempo real.
De hecho, en las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León la propia JEC llegó a permitir incluso la foto del DNI guardada en el móvil —sí, una foto corriente— como documento válido. Ante la insistencia del PP, la Junta revocó su propio criterio. Y ahora, con los medios de verificación sobre la mesa —nunca mejor dicho—, se autoriza de nuevo el DNI electrónico, pero con garantías.
Esto no es el PP poniendo palos en las ruedas de la modernización. Es el PP exigiendo que la modernización se haga en serio, no de boquilla.
La pregunta incómoda: ¿llegará Interior a tiempo?
Y aquí viene lo que de verdad me preocupa. Estamos a 6 de noviembre. Las elecciones son el 29. Quedan veintitrés días. Veintitrés días para que el Ministerio del Interior despliegue en todas las mesas electorales de España —que son unas 60.000, no cuatro— un dispositivo con cámara, navegador y conexión a la web del verificador QR.
No estoy diciendo que vaya a haber fraude. No tengo ninguna prueba de ello y no voy a inventármela. Lo que digo es que la logística electoral no es broma, y que improvisar a tres semanas de unos comicios generales tiene riesgos evidentes.
¿Qué pasa si en determinadas mesas no funciona el dispositivo? ¿Qué pasa si la conexión falla? ¿Qué pasa si los presidentes de mesa no han recibido formación suficiente? No son preguntas capciosas; son preguntas de sentido común. Y merecen respuestas claras antes del día 29, no explicaciones a posteriori.
Porque una cosa es autorizar el DNI electrónico con verificación QR y otra muy distinta es garantizar que esa verificación va a funcionar en cada rincón del país. Interior tiene veintitrés días para demostrarlo. El reloj corre.
Identificarse no es un trámite: es la puerta de la soberanía
Sé que hay quien considera estas cuestiones menores, casi burocracia. «Lo importante es el programa, el debate, las propuestas». Y sí, claro que todo eso importa. Pero nada de eso sirve de nada si el voto no está blindado desde el primer paso: saber que quien deposita la papeleta es quien dice ser.
La identificación no es un detalle técnico. Es la puerta de entrada a la soberanía popular. Si esa puerta tiene una cerradura floja, todo lo que hay detrás queda en entredicho. No porque haya ladrones comprobados, sino porque la confianza en el sistema exige que la cerradura funcione.
Por eso es buena noticia que la JEC haya rectificado y exija verificación QR. Por eso es razonable que el PP insistiera hasta conseguirlo. Y por eso ahora toca vigilar que el despliegue se haga bien, sin atajos, sin chapuzas de última hora.
Un apunte al margen, pero significativo
Ayer mismo, la Junta Electoral de Valladolid decidió mantener a Óscar Puente en las papeletas del PSOE y dar por válidos los votos en los que su nombre aparezca tachado. Es otro tema, sí, pero ilustra algo que conviene tener presente: las reglas electorales no se reescriben sobre la marcha según convenga. Hay un marco, hay unas normas, y se aplican. Eso es lo que da seriedad al proceso.
Lo mismo debería valer para la identificación digital. Si se autoriza el DNI electrónico, que sea con todas las garantías. Si se exige verificación QR, que haya dispositivos para verificar. Y si Interior no llega, que lo diga ahora y no el 29 por la mañana.
Veintitrés días. Tic, tac.