Regularizar migrantes no es un capricho: es decidir si el Estado ordena o mira a otro lado

La Abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Supremo lleve a la justicia europea la regularización extraordinaria de personas migrantes y también a que la paralice de forma cautelar. La información la publican EL PAÍS, RTVE y El Español, mientras Aragón Hoy recoge la posición contraria del Gobierno de Aragón, que pide suspender la tramitación administrativa hasta que se pronuncie la justicia europea.

Dicho en limpio: no estamos ante una pelea abstracta de juristas con toga invisible. La discusión decide si el Estado sigue adelante con un procedimiento para ordenar situaciones administrativas o si lo congela por dudas sobre su encaje con el derecho de la Unión Europea. Y, como casi siempre en migración, detrás de cada palabra fría hay vidas muy concretas: trabajo, residencia, miedo a un papel, una cita, una notificación.

Ordenar no es abrir la puerta sin mirar

Desde una lectura progresista, la clave es no comprar el marco tramposo de que regularizar equivale a descontrol. Regularizar es precisamente lo contrario: poner nombre, expediente y reglas donde antes había economía sumergida, vulnerabilidad y un limbo que aprovechan los peores empleadores. Un Estado serio no gana nada empujando a gente que ya está aquí a vivir de espaldas a la administración.

Eso no significa negar que existan dudas jurídicas. Si el Supremo considera que hay preguntas relevantes, debe resolverlas con rigor. Pero otra cosa es convertir cualquier duda en un botón de pausa indefinido. La política migratoria no puede funcionar como un semáforo siempre en ámbar: ni avanza, ni se detiene del todo, ni ofrece seguridad a nadie.

La derecha juega el partido en los tribunales

La posición del Gobierno de Aragón enseña la otra mitad de la fotografía. Parte de la derecha autonómica quiere frenar la regularización hasta que Europa hable. Es una estrategia conocida: llevar el conflicto migratorio al terreno judicial, donde el debate parece más limpio, menos ideológico, casi técnico. Pero la consecuencia política es evidente: retrasar una medida que afecta a personas en situación administrativa incierta.

Conviene no caricaturizar. Un gobierno autonómico tiene derecho a defender su interpretación legal y a pedir cautela si cree que una norma choca con el marco europeo. Lo que no puede hacer la conversación pública es fingir que esa cautela no tiene coste humano. Cada mes de espera es un mes más de precariedad para quien depende de un expediente para trabajar, alquilar o simplemente respirar sin miedo.

El dato que falta en el ruido

Lo más honesto es reconocer lo que sabemos y lo que no. Sabemos que la Abogacía del Estado rechaza elevar la cuestión a Europa y paralizar la regularización. Sabemos que Aragón pide la suspensión cautelar. Sabemos que el Supremo tiene sobre la mesa una discusión con alcance político real. No sabemos —y no conviene inventarlo— cuál será la decisión final ni cómo cerrará el encaje europeo.

Por eso el debate debería abandonar el teatro de las palabras grandilocuentes. Ni regularizar convierte por arte de magia una política compleja en una postal buenista, ni bloquearlo todo hace que desaparezcan las personas migrantes. La pregunta adulta es otra: si alguien ya vive y trabaja aquí, ¿queremos que el Estado lo vea, lo ordene y le exija reglas, o preferimos la comodidad hipócrita de mirar hacia otro lado?