Más de un mes aguantando en la Puerta del Sol, con frío y desgaste, y ahora dicen que se van. Pero cuidado: el Movimiento 26S no se disuelve, se muda. Las comisiones que han sostenido la acampada durante semanas anunciaron el 31 de octubre una disolución progresiva de la presencia en Sol y una «mudanza» a los barrios. El objetivo no es el descanso, sino preparar la huelga general del 11 de noviembre.

Y conviene dejarlo claro desde el principio: esto no es una derrota ni una retirada vergonzante. Es un cambio de frente.

Lo que queda (y lo que ya no) en Sol

Según EFE, a día de hoy en la Puerta del Sol ya no hay organizaciones ni comisiones organizadas. Lo que queda son personas sin hogar, que llevan allí mucho antes de que llegase la primera tienda de campaña del 26S. Hay también tensión con un grupo no organizado que no quiere marcharse, lo que ha generado fricciones en el proceso de salida.

El anuncio de disolución llegó, además, el mismo día en que la Delegación del Gobierno envió un correo a la asesoría legal del movimiento sugiriendo que «podría resultar legítimo» poner fin a la acampada. Coincidencia o no, también fue la jornada en que el centro de Madrid se blindó ante posibles disturbios vinculados al colectivo Blocus.

El propio movimiento reconoce el desgaste. Pero matiza algo importante: la decisión de moverse a los barrios no fue una orden desde arriba. No hay un órgano de gobierno en el 26S que haya dado instrucciones. Son las comisiones las que, de forma autónoma, han acordado cambiar el terreno de juego.

La huelga del 11-N: vivienda y salario, sin separar

La huelga general del 11 de noviembre no es solo cosa de sindicatos. Es un paro de 24 horas convocado por CCOO, UGT, CGT, CIG y ELA, junto al Sindicato de Inquilinas y la Confederación de Inquilinas. El eje es claro: los salarios ya no dan para pagar un alquiler digno.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, lo resume sin rodeos: la huelga no es ilegal, y vivienda y salarios son la misma pelea. No se puede separar el recibo de la nómina del recibo del alquiler. Para millones de personas en este país, la precariedad laboral y la crisis de vivienda son dos caras de la misma trampa.

La huelga llega 18 días antes del 29 de noviembre, la fecha de las elecciones generales anticipadas. Ese dato no pasa desapercibido para nadie, pero tampoco cambia la realidad de fondo: la gente lleva años sin poder pagar el alquiler, y eso no desaparece por mucho que haya urnas de por medio.

La patronal dice «política». Los afectados dicen «bolsillo»

La CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, han calificado la huelga de «difícilmente justificable» y han cuestionado su legalidad. La ven como una maniobra política en mitad de un proceso electoral.

Es un argumento viejo. Cuando los trabajadores reclaman derechos, hay quien siempre encuentra la forma de convertirlo en «política». Pero el casero no acepta excusas electorales. El desahucio no espera a que pasen las elecciones. Y Maricarmen Abascal, de 87 años, tampoco pudo esperar: su caso se convirtió en símbolo de todo lo que falla en el sistema de protección a la vivienda.

El Gobierno, por su parte, se ha limitado a recordar que la huelga es un derecho constitucional. Nada más. Ni apoyo explícito ni condena.

Los decretos, el Congreso y el nudo político

La Acampada 26S ha tenido tres reivindicaciones concretas: adelanto electoral —que ya se ha producido— y dos decretos de vivienda. Los decretos anteriores fueron tumbados en el Congreso. Los nuevos se están tramitando vía Diputación Permanente, con el PNV a favor del primero y en contra del segundo, el que afecta a la prórroga de alquileres.

El nudo es conocido: sin mayoría parlamentaria estable, cualquier medida de vivienda queda a merced de una aritmética caprichosa. Y mientras los partidos negocian apoyos, los inquilinos siguen pagando.

Una aclaración necesaria: el 26S no es el Blocus

Hay quien ha intentado mezclar la acampada del 26S con los disturbios protagonizados por el colectivo Blocus. No es lo mismo. No es comparable. Una cosa es una protesta organizada, con comisiones, asambleas y reivindicaciones concretas. Otra cosa son los actos de vandalismo que algunos han aprovechado para desacreditar al movimiento en su conjunto.

Confundir ambas cosas —o hacerlo deliberadamente— es una técnica antigua para criminalizar la protesta social y desviar la atención de las causas reales: el precio del alquiler, los salarios insuficientes, la gente que no puede permitirse vivir en la ciudad donde trabaja.

De la plaza al barrio: ¿qué cambia y qué no?

La acampada en Sol cumplió su función: visibilizar, aglutinar, aguantar. Más de un mes en una plaza céntrica es mucho tiempo. Pero las plazas no pagan alquileres. Los barrios sí los padecen.

La apuesta del Movimiento 26S es llevar la organización donde vive la gente: a los mercados, a las asociaciones de vecinos, a las comunidades de escalera. Y medir fuerzas el 11 de noviembre con una huelga que, si sale bien, demostrará que la vivienda ya no es solo un tema de activistas, sino un problema de mayoría social.

El 29-N habrá elecciones. Pero el recibo del alquiler llegará el 1 de diciembre igualmente. Y el 2. Y el 3.

Fuentes y contexto