El curso arranca y el dato no es de pizarra. El VIII Informe “La opinión de los y las estudiantes”, de las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, pone cifras a lo que muchas familias ya olían: el acoso escolar vuelve a subir, se cronifica y el ciberacoso llega con herramientas de inteligencia artificial.
No es un tuit de moralina. Es una encuesta a 9.127 alumnos de 5.º y 6.º de Primaria y 1.º y 2.º de ESO, más 412 profesores. Y el mensaje político es simple: si la escuela pública y concertada no tienen músculo, el bullying se come el derecho a estudiar sin miedo.
El 8% no es “cuatro peques gamberros”
El acoso presencial lo sufre el 8% del alumnado en España. El curso anterior estaba en el 6,5%: +1,4 puntos. La comparativa internacional que arrastra el propio informe duele: Alemania 7%, Portugal e Italia 5%. España no lidera el club de la excelencia educativa; lidera, otra vez, el malestar en el aula.
Los golpes no siempre son de puño. Las agresiones más comunes son insultos, motes y burlas (86,4%) y el aislamiento (43,5%). Los compañeros de clase siguen como principales agresores. Los motivos: aspecto físico, cultura, raza y religión. Traducción: se pega por el cuerpo, por el acento, por el origen. Eso no se arregla con un “habladlo entre vosotros”.
Y se alarga. Más de uno de cada cuatro casos de bullying presencial dura más de un año. Un año es un curso entero mirando al suelo. Un año es salud mental gastada antes de la Selectividad. Un año es política educativa fallida, aunque el PowerPoint diga lo contrario.
ABC recoge otra lectura de la misma oleada: más del 14% del alumnado afirma conocer casos de acoso en sus aulas. No es la misma métrica que la prevalencia del 8%, y no conviene mezclarlas. Pero sí confirma el clima: el problema no es invisible para quien se sienta al lado.
La IA no es el futuro: ya acosa
El ciberacoso sube a una prevalencia del 3%. Las vías: WhatsApp, TikTok e Instagram. Las formas: rumores o información falsa (71%) y publicación de agresiones físicas (59,5%).
Lo nuevo —y lo feo— es la caja de herramientas. Ocho de cada diez alumnos avisan de que se usa IA para crear vídeos falsos y manipular fotos. Un 57% habla de recreación de voz; un 50%, de suplantación de identidad. No hace falta ser un genio del deepfake: basta un móvil y ganas de humillar.
Aquí el marco de izquierdas no es capricho. Cuando la tecnología multiplica el daño y el centro llega tarde, quien paga es el menor con menos red: menos refuerzo, menos orientación, menos alternativa a la pantalla. La desigualdad también se mide en quién puede cambiar de colegio y quién se come el grupo de clase entero.
Profes que intervienen… y centros sin recursos
Hay datos que salvan el relato del nihilismo. El 76% de los docentes y el 59% de los compañeros dicen que intervienen. Bien. Pero casi uno de cada tres estudiantes sigue sin ver como cómplice a quien difunde el contenido humillante. Difundir no es “solo compartir”. Es alargar la paliza.
En los centros, las medidas “factibles” que más se citan son de libro viejo: prohibir extraescolares (52%) o expulsar temporalmente de clase (45%). Castigo sí; reparación y acompañamiento, ya veremos.
El cuello de botella lo marcan los propios profesores: el 85% señala la falta de recursos como principal barrera. El 60% dice que solo se actúa en algunas ocasiones. La Voz de Galicia resume otra percepción del alumnado: un 20% cree que el profesorado no resuelve el problema. Se puede discutir el matiz. No se puede discutir el diagnóstico de fondo: hay voluntad a ratos y estructura a medias.
Qué pide esta lectura
Nadie serio pide magia. Sí se puede pedir lo obvio:
- Protocolos que no vivan en un PDF olvidado en la conserjería.
- Orientación y personal de verdad, no un cupo milagroso para 800 alumnos.
- Formación específica sobre acoso con IA: deepfakes, voces clonadas, usurpación.
- Responsabilidad de plataformas cuando el daño se organiza en apps que los menores usan a diario.
- Escucha a las víctimas sin convertir el caso en un problema de “convivencia genérica” que diluye al agresor.
El informe de ANAR y Mutua Madrileña no gobierna España. Pero deja en evidencia a quien gobierna el aula, la consejería y el ministerio si la respuesta es otra campaña de carteles. El acoso que dura más de un año no es un “conflicto entre iguales”. Es una herida pública. Y la izquierda que habla de derechos tiene aquí un test de verdad: proteger a quien no vota, pero sí sufre.