Hay una manera de guardar electricidad que no cabe en la batería de un móvil ni en la de un coche. Se hace con agua y con una cuesta arriba. Y este viernes el Boletín Oficial del Estado ha dado el permiso para construir una de las grandes de España.

El BOE número 155, con fecha del 26 de junio de 2026, publica la resolución del 11 de junio de la Dirección General de Política Energética y Minas, que es el organismo que dentro del Ministerio se ocupa de la energía. ¿Y qué dice? Que Repsol Generación Eléctrica, SAU, recibe luz verde para ampliar y construir la central hidroeléctrica reversible de Aguayo-Aguayo II. En concreto, dos permisos: la autorización administrativa previa de modificaciones y la autorización administrativa de construcción.

Una pila gigante hecha de agua

Conviene explicar qué es esto, porque no es una presa cualquiera. Una central reversible funciona como una batería enorme. Cuando sobra electricidad —pongamos, un mediodía de sol y viento—, bombea agua desde un embalse de abajo hasta otro de arriba. Cuando esa electricidad hace falta, deja caer el agua y la vuelve a convertir en corriente. Subir y bajar agua para guardar energía. Así de sencillo y así de potente.

Los números que autoriza el BOE no son menores: 1.014 megavatios de turbinación —cuando genera— y 1.181 de bombeo —cuando almacena—. La potencia instalada que figura es de 1.014 megavatios. La instalación se reparte entre tres municipios cántabros: San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha y Molledo.

Esto no es un tecnicismo, es seguridad energética

El problema de las renovables nunca fue producir. El sol y el viento dan electricidad de sobra... cuando les apetece. El lío es guardarla para cuando la nevera, el quirófano o la fábrica la necesitan y no hay ni un rayo de sol. Ahí entran instalaciones como esta: son el almacén que le falta a la transición. Sin sitios donde meter el excedente, buena parte de la generación verde se desperdicia.

Por eso una central así no es un capricho. Es infraestructura de la que sostiene el sistema cuando el cielo no colabora. Cuanto más dependa un país de fuentes que van y vienen, más necesita depósitos donde almacenar el sobrante para los días flojos. Y aquí lo paga capital privado, no el bolsillo del contribuyente.

Y ahora, el cronómetro

Toca mirar el calendario, porque cuenta una historia él solo. Repsol pidió la primera autorización el 11 de junio de 2021 y subsanó la solicitud el 19 de julio de aquel año. La petición de las modificaciones, del permiso de construcción y de la utilidad pública lleva fecha del 24 de mayo de 2023, y se subsanó el 6 de febrero de 2026.

¿La resolución que lo desbloquea? 11 de junio de 2026. Cinco años clavados desde aquella primera solicitud. Un lustro entero para que un proyecto que todo el mundo dice necesitar termine de pasar por ventanilla. Y la cosa no se cierra ahí: el 29 de abril de 2026 se amplió hasta el 23 de diciembre de 2032 el plazo para acreditar la autorización de explotación. Echen ustedes la cuenta de cuánto puede ir de la idea al enchufe.

No es que falte voluntad de invertir. Falta agilidad para tramitar. Y cada temporada que un almacén de energía pasa metido en un cajón es una temporada en la que el sistema aguanta con menos colchón del que podría tener.

Con los deberes ambientales hechos

Que nadie lea aquí un atajo. El proyecto tiene declaración de impacto ambiental favorable —el visto bueno en materia de medio ambiente, para entendernos— desde el 27 de mayo de 2020, publicada en el BOE del 16 de junio de aquel año. Y la resolución insiste, negro sobre blanco, en que hay que cumplir sus condiciones. La naturaleza no se salta. Lo que se reclama es que el papeleo no dure más que la propia obra.

La utilidad pública, en su justa medida

La resolución también declara la utilidad pública del proyecto y de sus infraestructuras de evacuación, que son las líneas encargadas de sacar la electricidad de la central. Conviene no inflarlo: esa declaración habilita los efectos jurídicos que prevé la norma, no es una expropiación ya consumada ni mucho menos. Es un paso del procedimiento, no el final del camino.

Lo que todavía no ha pasado

Seamos claros para no vender humo. La central no está en marcha. Las obras no figuran como iniciadas en lo que publica el BOE. Y el propio permiso lo dice sin rodeos: autorizar la construcción no exime de conseguir las demás autorizaciones que hagan falta. Queda camino por delante.

Pero hay un titular difícil de rebatir. España quiere almacenar lo que producen sus renovables, una empresa pone el dinero para hacerlo en Cantabria, y el sello que lo permite ha tardado cinco años en llegar. La pregunta no es si esto hace falta. Es por qué cuesta tanto decir que sí.