La jugada está sobre la mesa
A un mes justo de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE de Ceuta ha puesto su primera ficha sobre el tablero. No es un mitin, no es una propuesta, no es un debate sobre el futuro de la ciudad. Es un escrito de impugnación fechado el 29 de octubre y firmado por Sandra López Cantero. Su objetivo: que la Junta Electoral Provincial intervenga y, en el escenario más ambicioso para los socialistas, que la candidatura del PP de Ceuta ni siquiera llegue a proclamarse.
En el punto de mira están dos nombres. Rafael Martínez-Peñalver, consejero de Urbanismo y Transportes y número uno del PP por Ceuta al Congreso. Y Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales y primera y única suplente de la lista. El argumento del PSOE es concreto: ambos siguen formando parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma y a la fecha del escrito no constaba su cese. Para los socialistas, eso los haría inelegibles.
El argumento jurídico: hay base, pero no hay sentencia
El PSOE no se saca el problema de la manga. Invoca el artículo 154.2 de la LOREG, el artículo 155.1 y un acuerdo de la Junta Electoral Central de 1999 que fijó criterios sobre la inelegibilidad del presidente de la Ciudad Autónoma para el Congreso. La cuestión de si un consejero en activo de Ceuta puede ser candidato al mismo tiempo tiene recorrido normativo. No es una fantasía jurídica.
Ahora bien, invocar un debate legal no es lo mismo que resolverlo. El escrito pide que se aplique el artículo 47 de la LOREG: comunicar las irregularidades, abrir un plazo de 48 horas para subsanarlas y, si no hay corrección, que no se proclamen Martínez-Peñalver ni Benzina. Y si el PP no corrige nada, el PSOE pide que no se proclame la candidatura entera. Petición máxima, sin matices.
La Junta Electoral Provincial tiene aún que pronunciarse. A 30 de octubre de 2026 no hay resolución, no hay exclusión, no hay ilegalidad declarada. Hay una impugnación pendiente de respuesta. Conviene no confundir el inicio del proceso con su resultado.
El PP sale a dar la cara
La respuesta del Partido Popular ha sido de manual: calma pública y firmeza en el mensaje. Los populares afirman que su candidatura es plenamente legal, que cumple la normativa y que no tienen nada que subsanar. No hay comunicado de urgencia, no hay nerviosismo visible. El partido transmite que el trámite se resolverá a su favor y que la candidatura llegará a las urnas sin sobresaltos.
Más allá de los argumentos legales, los populares han soltado su diagnóstico político con toda la intención: «El PSOE ha perdido el norte. Pretende ganar en los despachos lo que no sabe ganar en el terreno de juego.» También han deslizado referencias a una «deriva chavista» y al intento de «cancelar al adversario». Son calificaciones políticas del PP, no hechos probados por ninguna autoridad, pero dicen con claridad cómo el partido quiere que los ceutíes lean esta maniobra.
¿Garantismo o atajo?
Conviene separar las capas del asunto. El debate sobre si un consejero en activo puede ser candidato al Congreso es legítimo. Las incompatibilidades electorales existen precisamente para que quienes ejercen poder institucional no lo utilicen para condicionar una campaña. La lógica detrás de la LOREG no es caprichosa ni arbitraria.
Pero una cosa es plantear una duda jurídica ante el órgano competente y otra muy distinta es pedir que una candidatura entera no se proclame a un mes de las elecciones. El primer movimiento es garantismo electoral. El segundo empieza a parecerse a un atajo para dejar sin competidor al adversario antes de que los ciudadanos tengan la palabra.
El escenario que el PSOE pide a la Junta —que el PP de Ceuta no se proclame candidato— es el más radical de los posibles. No el más proporcional, no el más quirúrgico. El máximo. Y eso, aunque vaya envuelto en artículos de ley, merece una lectura política sin anestesia.
Las urnas siguen siendo el árbitro que manda
La Junta Electoral resolverá lo que le corresponde. Eso es su función y hay que respetarla. Pero la política la deciden los ciudadanos. En Ceuta, el PP lleva años ganando. Si un partido cree que puede ganar, lo más natural es presentarse y convencer a los votantes. Si cree que no puede, lo más cómodo es intentar que el rival no juegue.
Lo que está en juego el 29-N no es si un consejero formalizó o no su cese a tiempo. Son los diputados que representarán a Ceuta en el Congreso durante la próxima legislatura. Y eso, en democracia, lo decide la gente. No un escrito de despacho del 29 de octubre.
Queda un mes. La Junta resolverá lo que le toca. Y los ceutíes, el día 29, resolverán lo que les toca a ellos.