El cheque en blanco se ha acabado
Una legislatura entera de apoyo parlamentario independentista y Catalunya sigue sin referéndum, sin derecho a decidir ni siquiera en el horizonte. La Assemblea Nacional Catalana ha sacado la calculadora. Y el resultado es claro: así no puede seguir.
La ANC, la principal entidad civil del independentismo catalán, ha publicado su posición ante las elecciones generales del 29-N. No se presenta. No tiene candidatos. Pero sí tiene un mensaje muy concreto para ERC y Junts, los partidos que en la legislatura que termina fueron palanca clave de la mayoría de Pedro Sánchez.
Qué pide la ANC exactamente
La entidad que hoy preside Josep Vila —nuevo al frente de la organización tras la etapa de Dolors Feliu— no pide abstención. No llama a votar en blanco. Lo que exige es que los partidos independentistas usen lo que tienen: la aritmética parlamentaria.
¿Cómo? Condicionando. La ANC solo considera «coherente» facilitar una investidura si hay un «compromiso formal de hacer posible el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Catalunya». Y aquí viene lo importante: eso no significa una promesa vaga de seguir hablando. Significa calendario concreto. Plazos verificables. Reformas políticas y jurídicas necesarias. Garantías de cumplimiento. Y consecuencias explícitas si se incumple.
Sin eso, ninguna investidura. Sin eso, ningún presupuesto. Sin eso, ninguna estabilidad para ningún gobierno español.
La factura de una legislatura de dependencia mutua
La posición de la ANC no viene de la nada. Viene de una cuenta que lleva tiempo sin cuadrar.
Durante la última legislatura, ERC y Junts aportaron los votos que Sánchez necesitaba en momentos decisivos. Hubo acuerdos, negociaciones, concesiones sectoriales. Algunas fueron reales y relevantes para Catalunya. Pero el derecho a decidir siguió siendo una conversación aplazada, no una agenda con fecha.
La ANC dibuja el resultado con brutalidad: los escaños independentistas han contribuido a sostener una situación de «subordinación política, económica y nacional» de Catalunya. Su comunicado lo dice sin rodeos: «No tiene sentido ocupar escaños para estabilizar gobiernos españoles, facilitar investiduras o aprobar presupuestos que contribuyan a perpetuar una situación de subordinación».
Es la factura democrática de una legislatura entera. Y ahora la presentan.
Cuatro líneas para romper el statu quo
La ANC propone cuatro ejes de actuación para los partidos independentistas en la próxima legislatura.
Primero, confrontar las políticas del Estado que afecten negativamente a Catalunya. Segundo, denunciar incumplimientos y vulneraciones. Tercero, bloquear iniciativas que consoliden la dependencia. Cuarto, desestabilizar ejecutivos cuando su continuidad se base en esa subordinación.
No es un programa de máximos decorativo. Es una hoja de ruta que, si se aplica, convierte a los escaños independentistas en una variable disruptiva de la política española. Algo que cualquier bloque que aspire a gobernar en Madrid tendrá que calcular muy bien.
«No seremos muleta de nadie»
Josep Vila también ha dejado claro el límite respecto a Carles Puigdemont: «Si Puigdemont regresa como presidente de un partido, la ANC no debe prepararlo. No seremos muleta de nadie».
La frase tiene dos lecturas. La primera, la más obvia: la ANC no va a subordinar su estrategia a los intereses personales o partidistas de ningún líder. La segunda, más de fondo: el movimiento independentista lleva demasiado tiempo siendo útil para otros sin que eso se traduzca en avances reales para su objetivo central.
Las «concesiones sectoriales», por bienvenidas que sean en lo cotidiano, no son el objetivo. Son pagos a cuenta de algo que todavía no ha llegado. Y la ANC no está dispuesta a seguir cobrando en calderilla.
¿Qué harán ERC y Junts?
Eso está por ver. La propuesta de la ANC es eso: una propuesta, una presión desde la sociedad civil hacia las organizaciones políticas. Ni ERC ni Junts han adoptado formalmente esta estrategia de bloqueo como propia. Son partidos con sus propias direcciones, sus propios cálculos electorales y sus propias presiones internas y externas.
Lo que sí es cierto es que la voz de la ANC tiene peso en ese ecosistema. No dicta, pero señala. Y cuando la entidad civil más representativa del independentismo dice «subid el precio», eso es difícil de ignorar sin coste político ante las bases.
Hace tres años, la ANC sometió a sus bases la posibilidad de promover la abstención. Las bases lo rechazaron. Esta vez no se ha reabierto ese debate. Lo que se ha abierto es otro: si la gobernabilidad española vale algo cuando no viene acompañada de avances reales en autodeterminación.
La pregunta que no tiene vuelta atrás
El contexto es este: unas nuevas elecciones el 29-N y la misma ecuación de siempre. Madrid necesita votos del independentismo para gobernar. El independentismo necesita resultados para justificar ante su base que seguir en ese juego tiene sentido.
La ANC ha decidido que el precio mínimo para entrar a esa negociación tiene que ser mucho más alto que antes. Y que las promesas sin calendario no cuentan.
¿Es una posición maximalista? Puede. ¿Es coherente con la historia reciente? Absolutamente. Llevar años siendo la llave de la gobernabilidad de un Estado que niega el derecho a decidir, y no poner condiciones verificables a cambio, no es política: es gestoría.
La ANC dice que eso se acabó. Ahora toca ver si ERC y Junts están de acuerdo.