En Bruselas se puede ser “europeísta” y, a la vez, poner el freno de mano. El ministro José Manuel Albares lo ha dejado escrito con una frase pensada para resonar en Ferraz y en las embajadas: España es “totalmente favorable” a la ampliación de la UE, pero urge resolver el asunto de las lenguas porque «es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, el gallego y el euskera».
No es un tuit de campana. Es una advertencia diplomática con reloj. El Gobierno ha pedido que la oficialidad de esas tres lenguas vuelva al Consejo de Asuntos Generales de finales de septiembre (medios sitúan el debate de ampliación en torno al 22-23). Ahí no se firma la entrada de nadie mañana por la mañana. Pero sí se mide quién está dispuesto a chantajear el calendario continental con una exigencia interna.
La mecánica es simple y brutal: la ampliación necesita unanimidad. Si España ata su sí a un paquete lingüístico, puede retrasar o condicionar el ingreso de candidatos. elDiario.es sitúa la ofensiva en procesos abiertos con países como Montenegro o Albania y subraya el argumento demográfico que esgrime Madrid: resultaría paradójico elevar a oficial una lengua de cientos de miles de hablantes —el montenegrino, en el relato gubernamental— mientras el catalán supera los 10 millones, el gallego pasa de tres y el euskera de un millón.
Hay antecedentes, y no son gloriosos para la Moncloa. En julio de 2025 España ya intentó colar el punto y se topó con un muro de capitales —entre ellas Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, Chequia y Suecia— pese a ofrecerse a asumir costes. El Gobierno habló entonces de “identidad nacional” y de calmar el miedo al efecto contagio. Un año después, la posición se endurece: menos persuasión, más palanca.
Desde una lectura liberal-conservadora el problema no es que el catalán exista ni que se hable en Europa. El problema es convertir la política exterior en moneda de cambio parlamentaria. La oficialidad en las instituciones de la UE es un expediente complejo, costoso y sensible para Estados con minorías propias. Usarla como llave de la ampliación proyecta una imagen de país rehén de sus socios de investidura: primero el peaje interno, después el interés europeo.
Albares insiste en que España quiere ampliar. Perfecto. Entonces que lo demuestre sin rehenes. Si la diplomacia española cree de verdad en Montenegro, Albania u otros candidatos, no puede presentar el catalán, el gallego y el euskera como peaje previo a cualquier lengua nueva. Eso no es pluralismo: es veto preventivo disfrazado de orgullo cultural.
Queda por ver qué ocurre en el Consejo de septiembre. Nadie ha ejercido todavía un veto formal sobre un tratado de adhesión. Pero el mensaje ya viaja: la Moncloa está dispuesta a tensar la cuerda europea para cobrar una factura que nació en la política doméstica. Europa puede entender las lenguas. Lo que no debería aceptar es que cada capital convierta la ampliación en un mercadillo de favoritos nacionales.