Un derecho que no debería necesitar tutela
Que una organización internacional de derechos humanos tenga que recordarle a la Policía Nacional cómo hacer su trabajo el mismo día que llega un eurodiputado de la ultraderecha a hacer campaña dice mucho del punto al que hemos llegado. Amnistía Internacional ha pedido hoy, 31 de octubre, a la Delegación del Gobierno en Galicia que garantice el derecho a la protesta pacífica ante los actos de precampaña que Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, tiene previstos esta jornada: declaraciones en Ferrol al mediodía y un acto de partido en A Coruña por la tarde.
La petición no cae del cielo. Detrás hay un patrón documentado: concentraciones de rechazo a Vox en Santiago de Compostela y A Coruña que acabaron con cargas policiales y varios heridos entre los manifestantes. Sin cifras oficiales cerradas sobre la mesa, pero con suficiente testimonio como para que Amnistía considere necesario actuar antes, no después de que vuelva a ocurrir.
Pelota de goma: el arma de la imprecisión
El punto más concreto del comunicado es también el más revelador. La ONG pide expresamente que los dispositivos de orden público eviten el uso de pelotas de goma, a las que califica de armas imprecisas capaces de causar lesiones graves. No es terminología nueva: son las mismas palabras que llevan años usando organismos internacionales, incluido el Examen Periódico Universal de la ONU, que en su informe de 2025 volvió a señalar a España por la falta de rendición de cuentas ante el uso excesivo de la fuerza policial.
Que en 2026 sigamos teniendo este debate es un problema político, no solo policial. La pelota de goma no es una herramienta quirúrgica: no distingue entre quien lanza objetos y quien canta consignas a tres metros de distancia. Y cuando eso sucede, el daño no es solo físico: es el mensaje que manda a quien está pensando si salir a la calle la próxima vez.
Violencia puntual no es lo mismo que manifestación violenta
La portavoz de Amnistía Internacional, Sara Prieto, ha sido precisa en este punto, y merece la pena subrayarlo: que haya hechos aislados de violencia dentro de una concentración no convierte a toda la manifestación en violenta, ni justifica una respuesta indiscriminada. Esos incidentes deben abordarse de forma específica y proporcionada, respetando el derecho de reunión del resto de asistentes.
Es una distinción que parece de sentido común pero que, en la práctica, se borra con facilidad cuando hay presión política para que no haya incidentes delante de las cámaras. El orden público se convierte entonces en gestión de imagen: que no salga nada feo en los titulares. Y lo más fácil para lograr eso es disuadir, cargar o dispersar antes de que nada escale. El problema es que esa lógica criminaliza al conjunto.
Precampaña del 29-N: la calle como campo de disputa
El calendario no es inocente. Las elecciones gallegas del 29 de noviembre están a menos de un mes y Vox está usando la precampaña para hacerse visible en una comunidad donde su implantación institucional es mínima: apenas un concejal en Avión, Ourense. Las visitas de figuras nacionales —Abascal estuvo en Galicia el 21 de octubre, con concentraciones de rechazo el 25 bajo el lema «Frente a la represión policial» en A Coruña— son jugadas de amplificación mediática.
Frente a eso, varias organizaciones han convocado movilizaciones de rechazo a la presencia de Buxadé. Es política ordinaria, no incendio. El mes pasado, en Santiago, se llegó a impedir que Vox celebrara un acto en un centro sociocultural. La tensión en la calle existe y es real. Pero tensión social no equivale automáticamente a peligro para el orden público, y confundir ambas cosas tiene consecuencias muy concretas para quienes deciden ejercer su derecho.
Lo que está en juego cuando sales a la calle
Si el patrón se consolida —acto de la ultraderecha, protesta de rechazo, carga policial— el efecto acumulado es un desincentivo silencioso. No hace falta prohibir nada: basta con que la gente aprenda que protestar contra ciertos actores políticos tiene un coste físico que protestar contra otros no tiene. Eso no es neutralidad policial. Es política con uniforme.
Amnistía Internacional no pide que no haya policía en esas concentraciones. Pide que el dispositivo esté pensado para proteger a quienes ejercen un derecho, no para disuadirlos. Pide proporcionalidad, distensión y rendición de cuentas. Tres cosas que, en un estado de derecho que se tome en serio a sí mismo, no deberían necesitar pedirse en un comunicado urgente emitido la mañana del mismo día.
Pero aquí estamos. Y la pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿a quién se le ha enseñado que la calle le pertenece, y a quién se le ha enseñado que mejor ir con cuidado?