Halloween 2026 ha cambiado de cara en varias ciudades españolas. No por las calabazas ni los disfraces, sino por algo mucho menos festivo: tablones de madera cubriendo los escaparates en Madrid, Bilbao, Barcelona y San Sebastián, y una alcaldesa —María José Catalá, de Valencia— pidiendo a vecinos y turistas que no se acerquen al centro de su ciudad «porque no sabemos a lo que nos exponemos». Si eso no es el retrato en directo de un fracaso del orden público, que alguien lo explique.
La justicia actúa: prisión provisional sin fianza
La respuesta judicial llega tarde, pero llega. Este 31 de octubre, la justicia valenciana ha decretado prisión provisional sin fianza para dos detenidos relacionados con Blocus: uno en Picanya, considerado fundador e impulsor del movimiento en redes en España, y un joven de 18 años en Alfafar. Los dos quedan investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización y grupo criminal orientados a incitar desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños dolosos. Al detenido de Picanya, además, se le prohíbe expresamente el acceso a cualquier dispositivo con conexión a redes. Al fin el sistema entiende que el campo de batalla de esta guerrilla urbana no son las calles: son las pantallas.
La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil ha ido dando frutos durante días previos. Un menor de 17 años en Valencia —creador de canales «Blocus Vlc» en redes, con antecedentes y en régimen abierto según la Fiscalía de Menores— fue detenido. Un joven de 20 años en Bilbao quedó en libertad provisional sin fianza. En Cataluña, los Mossos detuvieron a cuatro personas por los altercados de Barcelona, y el propio 31 de octubre arrestaron a un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia como administrador de un grupo de coordinación. El retrato que emerge no es el de estudiantes espontáneos enfadados con los caseros: es el de una red presuntamente organizada que usa las redes para movilizar, coordinar y luego lavarse las manos.
Barcelona, 24 de octubre: el aperitivo que nadie quería
Para entender el nivel de alerta del 31-O, hay que recordar lo que ocurrió una semana antes en Barcelona. Los disturbios del 24 de octubre dejaron 130 detenidos —gran mayoría menores—, 14 agentes heridos, comercios saqueados y destrozos en mobiliario urbano y vehículos. No es una cifra menor. Son 14 policías que volvieron a casa con algún tipo de lesión para contarlo. Son comerciantes que no eligieron estar en primera línea de ninguna revolución pero acabaron pagándola de su bolsillo.
El dispositivo del 31-O en Barcelona fue de máximos: Mossos y Guardia Urbana realizaron 450 identificaciones entre las 16:00 y las 18:30, levantaron 15 actas por objetos susceptibles de ser usados como armas —cuchillos, pasamontañas— y cerraron parcialmente accesos de metro, bus y Bicing. El nivel de alerta llegó al 4. Que no hubiera grandes disturbios en ese tramo demuestra que cuando el Estado se toma en serio la prevención, algo se puede hacer. La pregunta incómoda es por qué necesitamos que arda una ciudad antes de que eso ocurra.
El escaparate tapiado, imagen del fracaso
Volvamos a la madera. En Madrid, establecimientos de la zona comercial del centro —incluida la flagship de Burberry— amanecieron con paneles protegiéndose de lo que podría venir. En Bilbao, la Plaza Circular, la Gran Vía, Zara, Primark y el Casco Viejo hicieron lo mismo. En San Sebastián también. En Valencia, los comerciantes acordaron cerrar a las 16:00. En Palma, la Policía Nacional propuso sanción para 9 menores, identificó a unos 200 y levantó 40 actas administrativas; en Ibiza, un adolescente detenido y 3 actas más. En los controles se localizaron armas, elementos peligrosos y hasta líquidos corrosivos.
El pequeño comerciante que clava un panel de madera delante de su escaparate no está haciendo un gesto político. Está haciendo cuentas. Está pensando en el seguro, en la mercancía, en los empleados, en si merece la pena abrir al día siguiente. Ese tablón es el termómetro real del miedo urbano. Ningún discurso sobre vivienda o precariedad lo justifica ni lo borra.
Almeida, Catalá y el Estado que reacciona
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desplegó unos 1.700 agentes en el puente y pidió a la Policía que no les «tiemble el pulso» a la hora de actuar para evitar disturbios. La vicealcaldesa Inma Sanz fue aún más directa: no se fían de posibles desconvocatorias y prometió actuación contundente. En Valencia, la Delegación del Gobierno anunció un dispositivo «suficiente, contundente y flexible», aunque la propia alcaldesa ya había reconocido que no sabía a qué se exponían los vecinos si iban al centro. Esa frase, dicha por la primera autoridad municipal de la tercera ciudad de España, resume mucho.
Blocus se presenta en redes con la estética del movimiento estudiantil y el discurso de la vivienda imposible. Nadie discute que el problema de acceso a la vivienda es real y que buena parte de la rabia juvenil tiene base. Lo que las detenciones y la investigación judicial señalan es otra cosa: una presunta estructura organizada que ha utilizado ese malestar legítimo como reclamo para incitar a saqueos y violencia urbana. No son lo mismo. Confundirlos —o dejar que se confundan— es precisamente lo que les hace el favor.
La prisión provisional de los presuntos líderes es un primer paso necesario. Lo que no puede repetirse es la secuencia conocida: organización en redes, convocatoria viral, caos en las calles, cristales rotos, detenidos, y solo entonces el Estado reacciona. El derecho a protestar existe y debe protegerse. El derecho a abrir una tienda, a pasear el centro de tu ciudad un día festivo y a no encontrar tablones donde debería haber escaparates, también. Cuando los dos no caben a la vez en la misma calle, algo ha fallado mucho antes.