Andalucía dejará de participar en el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir del curso 2027/2028. Vox lo celebra como una victoria contra el “adoctrinamiento de Marruecos”. La Junta de Juanma Moreno lo ejecutará dentro del acuerdo de gobierno con Vox. Y en medio quedan unos 1.800 alumnos, alrededor de 95 centros y una pregunta incómoda: cuándo una actividad voluntaria se convierte en munición cultural.
El programa no es nuevo ni nació con este Gobierno. Funciona desde hace décadas bajo el marco de cooperación entre España y Marruecos. En Andalucía se imparte como actividad extraescolar, voluntaria y fuera del currículo. No obliga a nadie. No sustituye asignaturas. No convierte un colegio en una embajada. Las familias piden participar y, según las informaciones publicadas, está abierto también a alumnado que no es de origen marroquí.
La batalla simbólica llega al aula
Vox no ha escondido su marco. Manuel Gavira lo ha explicado con una frase de martillo: “El que quiera lengua árabe o cultura marroquí, que se vaya a Marruecos”. Es una línea política reconocible: presentar cualquier puente cultural con Marruecos como cesión de soberanía. El problema es que el aula no es un plató y la convivencia diaria suele ser bastante menos simple que un corte viral.
La Junta no cortará el programa de inmediato. Lo mantiene este curso porque los centros ya estaban adheridos, el alumnado matriculado y los recursos disponibles. La salida se fija para septiembre de 2027. La alternativa que plantea Educación son las Escuelas Oficiales de Idiomas para quienes quieran estudiar árabe a partir de los 14 años. Sirve para algunos adolescentes, pero no reemplaza una actividad de proximidad en colegios con alumnado de Primaria.
Almería, donde más se notará
La medida golpeará de forma desigual. The Objective cifra en unos 1.800 los alumnos del programa en Andalucía y en unos 95 los centros participantes. Almería concentra 38 centros y 851 alumnos, cerca de cuatro de cada diez matriculados. Hablamos de El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Vícar, La Mojonera o Huércal-Overa: municipios donde la presencia de familias de origen marroquí forma parte de la vida escolar real, no de una abstracción ideológica.
Que el profesorado sea seleccionado y remunerado por Marruecos, como recogen las informaciones sobre el convenio, abre un debate legítimo sobre supervisión, contenidos y control público. Ese debate se puede hacer con transparencia: qué se enseña, quién lo evalúa, qué materiales se usan, qué papel tiene la inspección educativa. Lo que no parece serio es saltar directamente de ahí a insinuar que 1.800 niños están siendo adoctrinados por asistir a una extraescolar voluntaria.
La izquierda haría mal en responder con superioridad moral automática. La relación con Marruecos tiene zonas grises y el Estado debe controlar cualquier actividad dentro de centros públicos. Pero controlar no es lo mismo que borrar. En barrios donde conviven lenguas, familias y acentos distintos, conocer la cultura del compañero puede evitar más prejuicios de los que fabrica.
La decisión deja una victoria política para Vox y un problema educativo para la Junta: explicar por qué se elimina una actividad voluntaria sin coste directo relevante para Andalucía, justo donde más podía servir para coser comunidad. La soberanía también consiste en no dejar que cada aula se convierta en campo de batalla.