El caso Koldo no ha terminado. Lejos de ello. Mientras el PSOE intenta pasar página con dimisiones y mítines de precampaña, la Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso procesal muy concreto: ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que abra juicio oral contra 13 personas por lo que el Tribunal Supremo no llegó a juzgar en su sentencia condenatoria.
No es una sentencia nueva. No es una condena. Es una petición fiscal que el juez deberá valorar. Pero importa, y mucho: porque entre esas 13 personas está Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y una de las gestoras más poderosas del ferroviario español durante los años de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Qué pide exactamente Anticorrupción
El fiscal Luis Pastor ha presentado su escrito ante el juez Moreno proponiendo que la causa se transforme en procedimiento abreviado. Eso es el equivalente procesal a decir: ya hay indicios suficientes, llevemos esto a juicio. A partir de ahí, las acusaciones concretarán las penas que pedirán para cada acusado. A la solicitud del fiscal se suman, según las crónicas, las de la Abogacía del Estado y la acusación popular.
Ojo con no confundir piezas. La que ya sentenció el Supremo era la del negocio de las mascarillas: comisiones millonarias, dinero repartido. Ábalos fue condenado a 24 años, Koldo García a 19 y Víctor de Aldama a 4 —este último libró de entrar en prisión gracias a su colaboración con la justicia—. Eso ya tiene sentencia firme.
Lo que llega ahora a la Audiencia Nacional es otra pieza distinta: el enchufe de la expareja del ministro, el destino del dinero y los posibles delitos de blanqueo y fraude fiscal. Y existe además una tercera pieza —la de mordidas en obra pública— que continúa en investigación por separado y no forma parte de este escrito. No es el mismo sumario. No conviene mezclarlos.
Pardo de Vera: el eslabón que hace posible el enchufe
El núcleo del escrito gira en torno a Isabel Pardo de Vera. El fiscal la señala como la persona que convirtió la voluntad del entonces ministro en contrataciones reales dentro del sector público ferroviario.
La historia, según la Fiscalía, funciona así: Ábalos quiere colocar a su expareja, Jéssica Rodríguez, en alguna empresa pública. Se lo encarga a Koldo García, su asesor de confianza. Koldo se lo traslada a Pardo de Vera, que presidía Adif. Y Pardo de Vera, según el fiscal, recibe la petición, la asume como propia y la ejecuta aprovechando el peso institucional de Adif sobre las sociedades dependientes. No sería una intermediaria pasiva: sería el motor que activa el mecanismo y lo hace real.
El resultado, según las fuentes, es que Jéssica Rodríguez acabó contratada en Ineco primero y luego en Tragsatec. Y aquí viene lo más llamativo de la acusación: habría cobrado unos 43.000 euros en total —alrededor de 34.450 en Ineco entre marzo de 2019 y febrero de 2021, y unos 9.500 en Tragsatec— sin acudir a su puesto de trabajo. El fiscal entiende que eso puede constituir un delito de malversación.
A Pardo de Vera se le atribuye, en cambio, un delito de tráfico de influencias. No se le acusa de haberse llevado dinero al bolsillo, sino de haber usado la palanca de una institución pública para colocar a alguien sin mérito ni concurso. Junto a ella figura Ignacio Zaldívar, exdirectivo de Adif, señalado como quien engrasó los trámites internos para hacer posible la contratación.
Hay que subrayarlo sin ambigüedad: todo lo anterior son imputaciones y peticiones fiscales pendientes del auto del juez. El juez Moreno tiene que decidir si dicta el auto de transformación. Luego habrá juicio, si lo hay. Y hasta que no haya sentencia firme, no hay condena. Pardo de Vera y Rodríguez son investigadas, no culpables.
Los 13 de la lista y los que quedan fuera
Además de Pardo de Vera, Zaldívar, Jéssica Rodríguez, Koldo García y Aldama, el fiscal incluye en su propuesta a Rubén Villalba (Guardia Civil), Joseba García, Patricia Uriz y varios empresarios: Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. También pide que responda la empresa Soluciones de Gestión.
El abanico de delitos que el fiscal detecta en conjunto es amplio: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Si se confirma en un juicio oral, no estamos hablando de errores administrativos aislados sino de una estructura con reparto de roles definido.
Para otro grupo de investigados —alrededor de una docena— Anticorrupción pide archivo. Entre ellos, Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado; Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif; y Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes durante la época de las mascarillas. Archivo en esta pieza no equivale a absolución general ni cierre definitivo de cualquier responsabilidad: significa que aquí, con estos indicios concretos, el fiscal no ve base suficiente para sentarlos en el banquillo.
Sobre los propios contratos de mascarillas con Soluciones de Gestión, la Fiscalía quiere sacarlos de esta causa: el Supremo ya estableció que en esas adjudicaciones no hubo irregularidades. Lo que sigue investigándose es qué ocurrió con el dinero después de que saliera de las arcas públicas, y ese hilo es el que alimenta los cargos de blanqueo.
El reloj judicial no espera al reloj político
Este escrito llega en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre. Los plazos judiciales se marcan solos, sin coordinarse con los calendarios electorales. Pero el PSOE acumula presión en varios frentes a la vez, y la expresidenta de Adif no es un nombre menor: Pardo de Vera fue una de las figuras más identificadas con la gestión ferroviaria del Gobierno de Sánchez.
El partido ha intentado marcar distancias. Habla de que la justicia debe seguir su curso, de dignidad, de que sus cargos actuaron con corrección. Puede que tengan razón en alguno de esos casos: eso lo decidirá un tribunal si hay juicio. Pero el fiscal ha puesto en papel, con nombres y cifras concretas, lo que según su criterio ocurrió en las entrañas de Adif. Y el juez Moreno tiene ahora que decidir si lo convierte en procesamiento formal.
La sentencia del Supremo fue, según las fuentes, decisiva para que la Fiscalía pudiera articular este nuevo escrito: lo que allí quedó acreditado sirve de base para lo que ahora se quiere juzgar aquí. Es la misma trama, pero el capítulo que faltaba. A Ferraz le queda el consuelo de que el archivo para algunos ex altos cargos de Transportes limita el daño directo sobre el Gobierno actual. Pero el nombre de Pardo de Vera en un escrito de Anticorrupción no desaparece con un comunicado de prensa.