Alberto Núñez Feijóo lo ha comprometido por escrito: si el Partido Popular llega a La Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, ninguna comunidad autónoma saldrá del régimen común de financiación ni obtendrá un trato bilateral a medida, como el que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con ERC para Cataluña. Así lo recoge el programa electoral del PP que el propio Feijóo presentará el martes en Madrid junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, coordinadora del documento.
El compromiso es tan claro que cuesta poco resumirlo: el mapa fiscal de España se decide en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en un despacho entre dos siglas a cambio de apoyos parlamentarios.
Lo que dice el programa, sin rodeos
El texto es explícito: «Ninguna de las comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema». Una frase corta, sin ambigüedades y con nombre propio implícito: el acuerdo Sánchez-ERC que abrió la puerta a una financiación diferenciada para Cataluña.
La respuesta del PP a ese modelo es la multilateralidad. El programa lo deja escrito: «Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello». Traducción: si quieres reformar cómo se distribuye el dinero entre territorios, te sientas en la mesa grande, con todas las comunidades, con las reglas del juego a la vista. No se negocia en privado, no se cierra en un pasillo del Congreso y no se ata a una investidura.
El contexto: lo que Sánchez pactó y no llegó a aprobarse
El acuerdo con ERC para garantizarse los votos de investidura incluía una financiación singular para Cataluña. Las críticas del PP fueron inmediatas y constantes. Lo que vino después fue revelador: Hacienda consiguió sacar adelante en el CPFF su propuesta de nuevo modelo de financiación con los votos de las comunidades gobernadas por el PSOE más el apoyo de Cataluña y Canarias. Parecía que el nuevo sistema tomaba forma.
Pero el adelanto electoral dejó el asunto en el aire. El nuevo modelo nunca llegó a votarse en el Congreso. Es decir, el acuerdo existe sobre el papel, pero no tiene fuerza de ley. El 29 de noviembre, entre otras cosas, se vota si ese modelo se aprueba, se entierra o se renegocia desde cero.
En Málaga, Feijóo lo dijo claro: «No haré españoles de primera y de segunda»
El 4 de septiembre, en Málaga, Feijóo dejó una de las frases que marcarán la campaña. Habló de un modelo de financiación «justo», cargó contra el acuerdo con ERC y remató con una declaración de principios: «Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda».
La frase no es retórica vacía en este contexto. Apunta directamente al corazón del debate: si una comunidad negocia bilateralmente unas condiciones que el resto no tiene, el sistema deja de ser un sistema. Pasa a ser una suma de acuerdos individuales, donde el poder de negociación de cada territorio depende de cuántos votos necesite el Gobierno de turno para sobrevivir.
Eso es, en esencia, lo que Feijóo critica: que la financiación no puede ser el peaje de ninguna investidura.
Deuda propia y reglas iguales para todas
El programa del PP también aborda la deuda autonómica con un principio que tiene más implicaciones de las que parece: cada comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda. No habrá rescates encubiertos ni mecanismos extraordinarios permanentes. El trabajo se hará de forma multilateral, en el CPFF, con las mismas reglas para todas, en el marco de una reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas.
Los mecanismos excepcionales de financiación se retirarán gradualmente a medida que las comunidades recuperen autonomía financiera y vuelvan a los mercados. Y cuando existan mecanismos de emergencia, las reglas serán previas, transparentes y comunes. Sin sorpresas, sin favoritismos.
Eso sí, el programa contempla un tratamiento específico en casos de emergencias o grandes catástrofes, con dos ejemplos que nadie en España ha olvidado: la entrada masiva de inmigrantes que sufrió Ceuta a finales de julio y la dana que devastó Valencia en octubre de 2024. En esos casos el Estado responde de forma diferente, pero con criterios definidos de antemano y no a golpe de negociación política.
El 29-N es también un referéndum sobre el mapa fiscal
Las generales del 29 de noviembre no son solo una elección entre candidatos. Son una decisión sobre el modelo de país. Si el modelo de financiación que Hacienda coló por el CPFF se acaba convirtiendo en ley, el precedente queda asentado: las comunidades con poder de veto sobre un gobierno pueden conseguir condiciones que el resto no tiene. Si gana el PP, ese modelo muere antes de nacer.
Feijóo lo sabe, y por eso lo ha metido en el programa. No como un punto técnico entre párrafos de economía, sino como una promesa política con nombre y apellidos. El martes, cuando lo presente en Madrid junto a Alma Ezcurra, quedará claro que el PP quiere que este sea uno de los ejes de la campaña.
La pregunta es si los ciudadanos de las comunidades que no son Cataluña —es decir, la mayoría— van a convertirlo en su criterio de voto. Porque si la financiación se decide entre todos, el 29-N también se decide entre todos.