Vamos a quitarnos de encima el titular fácil antes de que lo use alguien con mala fe: no, el Gobierno no va a tirar aceite ni a quemarlo. Cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, habla de «retirar del mercado» un 12% de la producción de esta campaña, lo que está diciendo es que ese aceite se aparta, se guarda, no se vuelca de golpe a la venta. Y lo hace por una razón que cualquiera entiende en la cola del supermercado: cuando hay demasiado de algo y todo el mundo quiere colocarlo a la vez, el precio se desploma. El problema es que, cuando el precio se desploma en el olivar, el que se arruina no es el intensivo con riego y máquinas: es el abuelo de la ladera de Jaén que recoge a mano.
Qué se ha decidido exactamente
El viernes la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios publicó en el BOE la decisión. Se retira del mercado el 12% del aceite de oliva de la campaña 2026/2027. En toneladas, eso son unas 188.000. Para que nos hagamos una idea del tamaño del problema: se estima una cosecha de alrededor de 1,6 millones de toneladas, a las que se suman unas 357.000 toneladas de existencias de la campaña pasada. Sumas y te vas a un volumen cercano a los 2 millones de toneladas dando vueltas por el mercado. Mucho aceite. Demasiado para que los precios aguanten si sale todo a la vez.
Planas lo defendió el 7 de noviembre en la Fiesta del Primer Aceite de Úbeda, en pleno corazón del olivar jiennense. Y no se anduvo con medias tintas: calificó la orden de «absolutamente necesaria, oportuna y basada en el derecho europeo». Esto último importa, porque enseguida saldrá quien diga que es un invento intervencionista. No lo es. El mecanismo está contemplado en el reglamento de la Organización Común de Mercados (la OCM) de la Unión Europea, y la decisión se tomó tras analizar las campañas de los últimos veinte años. O sea: con los datos encima de la mesa, no a ojo.
Qué significa de verdad «retirar del mercado»
Aquí es donde conviene bajar a tierra. Retirar del mercado no es destruir. Es almacenar una parte de la producción para que no presione los precios a la baja en el peor momento, que es justo el de una campaña abundante, cuando sobra oferta y el productor está en la posición más débil para negociar. Piénsalo como una esclusa: no cierras el río, regulas el caudal para que no se desborde y arrase la vega.
¿Y a quién beneficia? Al eslabón más frágil de la cadena, que es el productor primario. El que cultiva. Porque la realidad del aceite es que entre el olivarero y tu botella hay un montón de manos, y cada una se queda su parte. Cuando el precio en origen se hunde, el que primero y más lo nota es quien recoge la aceituna, no el que la embotella ni el que la pone en el lineal.
Intensivo y tradicional no juegan la misma partida
Este es el núcleo del asunto, y el ministro lo señaló con el dedo: el énfasis de la medida está en el olivar tradicional, ese cuyos costes son muchísimo más altos que los del intensivo o el superintensivo. La frase que lo resume: «dar estabilidad al mercado y apoyar a quien más lo necesita».
Traducido para quien no vive del campo. El olivar superintensivo es el de las hileras tupidas en terreno llano, con riego, recolección mecanizada y rendimientos altísimos por hectárea. Produce barato. Puede aguantar precios bajos durante una temporada porque su coste por kilo es pequeño. El olivar tradicional es otra cosa: árboles centenarios en pendiente, muchas veces en pueblos pequeños, donde la máquina no entra y hay que recoger casi como hace cien años. Ese aceite cuesta mucho más producirlo. Y por eso, cuando el mercado se hunde, el intensivo aprieta los dientes y el tradicional cierra.
Que no se nos escape lo que hay detrás de esa palabra, «tradicional»: son los pueblos del interior de Jaén, de Córdoba, de media Andalucía, donde el olivo no es un negocio más sino lo único que sostiene el censo, la escuela y el bar. Dejar caer ese olivar no es una pérdida económica abstracta; es una comarca entera vaciándose. Por eso una medida que a primera vista parece técnica —un porcentaje, un reglamento europeo— es en el fondo una decisión sobre quién se queda y quién se va de la España que no sale en las postales.
Y conviene subrayarlo: esto no sale de un despacho iluminado. Responde a una petición expresa de las organizaciones agrarias y de las cooperativas agroalimentarias. O sea, lo pide el sector. El mismo sector al que algunos quieren convencer de que cualquier regulación es su enemiga.
«Que nadie especule»
Planas lanzó un aviso que merece quedarse grabado: la medida no tendrá efectos sobre los precios al consumidor. Que nadie especule, dijo, y añadió que el Gobierno va a vigilar. Lo recogemos tal cual porque es importante y porque es una promesa que habrá que comprobar.
Porque ya conocemos la jugada. Cada vez que hay un movimiento en el mercado del aceite, aparece el listo de turno dispuesto a subir el precio en el lineal con cualquier excusa, aunque el aceite retirado ni se haya movido de la almazara. Esa es la especulación que el ministro dice que se va a vigilar. Y aquí, desde la izquierda, lo decimos claro: vigilar está muy bien, pero la vigilancia se demuestra con datos y con sanciones, no con declaraciones en una fiesta del primer aceite. Tomamos nota.
El aceite español también se juega fuera
No todo es mercado interior. El año pasado España exportó más de un millón de toneladas de aceite de oliva. Y hay movimiento en el tablero internacional: el arancel de China baja del 10% al 5%, y están sobre la mesa los acuerdos de la UE con Mercosur y con India. Más puertas abiertas para colocar el producto fuera, lo cual, bien gestionado, ayuda a aliviar esa sobreoferta que amenaza con hundir los precios dentro.
El quid está en ese «bien gestionado». Los acuerdos comerciales pueden ser una oportunidad para el olivarero o una puerta de entrada para productos que compitan a la baja. Dependerá de las condiciones. Pero esa es otra batalla, y toca estar atentos.
En resumen
Lo que se ha aprobado es sencillo de entender aunque suene técnico: ante una campaña que viene cargadísima, se aparta una parte del aceite para que la avalancha de oferta no reviente los precios y se lleve por delante a quien menos aguanta, que es el pequeño olivar tradicional. Está amparado en el derecho europeo, lo ha pedido el propio sector y se ha hecho con veinte años de datos detrás. No es magia ni es capricho: es estabilizar un mercado para que no desaparezca la gente que lo sostiene desde abajo. Ahora falta la parte difícil, la de siempre: que la vigilancia sobre los precios sea de verdad y no quede en un titular bonito del primer aceite.