La AP-9 vuelve al Congreso con una pelea que suena técnica, pero no lo es. El Congreso aprobó el 25 de junio la proposición de ley orgánica para transferir a Galicia la titularidad y competencias de la Autopista del Atlántico. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, introdujo cambios y devolvió el texto a la Cámara Baja. Traducido: la autopista gallega sigue siendo una batalla de poder entre instituciones, partidos y cuentas pendientes.
La lectura fácil es decir “Madrid contra Galicia” o “el PP contra el BNG y el PSOE”. La lectura adulta es algo más incómoda: transferir una autopista con peajes, concesión, bonificaciones y obligaciones económicas no es mover una carpeta de un despacho a otro. Es decidir quién manda, sí, pero también quién paga cuando haya que tocar tarifas, descuentos, obras o litigios.
Qué aprobó el Congreso
Según la nota oficial del Congreso, el Pleno dio luz verde a la proposición por 179 votos a favor y 169 en contra, alcanzando la mayoría absoluta necesaria por tratarse de una ley orgánica. El texto remitido al Senado hablaba de transferir la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, una reivindicación histórica que viene del Parlamento gallego.
La norma, explica el Congreso, obliga al Estado y a Galicia a elevar a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta con las condiciones del traspaso. Ahí entran asuntos tan poco vistosos como nuevos tramos, supervisión, potestad sancionadora y régimen económico-financiero. Es justo lo que normalmente desaparece del mitin, pero acaba apareciendo en la factura.
Qué ha cambiado el Senado
Europa Press informó de que el PP introdujo siete enmiendas en el Senado para recuperar, según su versión, la literalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Cadena SER Galicia detalló que esas enmiendas eliminan la referencia al traspaso de la titularidad y centran la operación en la gestión. Las modificaciones salieron adelante por la mayoría absoluta popular en la Cámara Alta.
El PP defiende que su fórmula evita riesgos económicos para Galicia. PSOE y BNG acusan a los populares de frenar o vaciar una transferencia que prometía más poder real sobre la autopista. Las dos posiciones tienen relato. Lo que no deberían tener es barra libre para ocultar el punto central: si Galicia recibe capacidad para decidir sobre peajes o descuentos, también debe quedar claro qué obligaciones vienen pegadas a esa capacidad.
Autonomía no es magia presupuestaria
Desde una mirada liberal-conservadora, hay una idea simple: más autonomía puede ser buena si viene con responsabilidad. Galicia tiene argumentos para reclamar una infraestructura que vertebra su territorio. Pero asumir competencias sin explicar costes sería vender soberanía administrativa con letra pequeña. Y ya hemos visto demasiadas veces cómo el “que pague otro” acaba significando que paga el contribuyente de siempre.
El texto descrito por Europa Press distingue entre obligaciones generadas antes del traspaso, que corresponderían al Estado, y decisiones futuras que promueva la comunidad autónoma, cuyos incrementos debería asumir Galicia. Esa línea es razonable si se aplica con transparencia. Lo contrario sería un clásico: inaugurar poder político en Santiago y mandar la factura a Madrid cuando el número se ponga feo.
El Congreso tendrá la última palabra
El balón vuelve ahora al Congreso. Si PSOE, BNG y sus aliados quieren recuperar la referencia a la titularidad, tendrán que reunir de nuevo mayoría suficiente. Si el PP mantiene su posición, intentará presentar sus cambios como prudencia financiera y fidelidad al texto gallego original. En medio quedan los usuarios de la AP-9, que no necesitan una guerra de banderas sino saber si sus peajes, descuentos y servicios van a mejorar o a quedarse atrapados en otra década de promesas.
La AP-9 merece una solución clara. Galicia puede reclamar mando sobre su autopista principal. Pero el mando sin números no es autogobierno: es literatura. El Congreso debería resolver el fondo sin esconder la factura bajo la alfombra, porque las infraestructuras se defienden mejor con contratos claros que con discursos inflamados.