La AP-9 ya tiene papel oficial. El BOE ha publicado la Ley Orgánica 3/2026, de 29 de julio, que transfiere la titularidad y las competencias de la autopista del Atlántico a la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicho en cristiano: el Estado abre la puerta para que Galicia asuma una infraestructura clave para moverse por la costa gallega. Pero la foto bonita dura poco. Lo serio empieza ahora.
Porque una autopista no se traspasa como quien cambia una llave de bolsillo. La ley fija el marco, sí, pero las condiciones concretas tienen que negociarlas la Administración General del Estado y la Xunta en la comisión correspondiente. Ahí estará la letra pequeña: competencias, límites, costes, compromisos pendientes y el eterno asunto de los peajes.
La Voz de Galicia subraya que el texto entra en vigor este sábado y que las condiciones deberán pactarse en una comisión mixta entre Xunta y Estado. ABC también recoge que el BOE oficializa el traspaso, pero que falta ese acuerdo final. La Razón pone el dedo en el punto más incómodo: la transferencia arranca con el foco en quién pagará la factura. Y esa es la pregunta que de verdad entiende cualquiera que haya conducido por la AP-9.
Desde una mirada liberal-conservadora, el traspaso puede tener sentido si acerca la gestión a quien conoce el territorio. Galicia lleva años reclamando más capacidad sobre una autopista que condiciona su vida económica: trabajadores, empresas, logística, turismo y familias que pagan por usar un corredor casi inevitable. Si la decisión se toma más cerca, mejor. Pero solo si viene con responsabilidad real, no con una ceremonia para repartir medallas y esconder números.
El riesgo es convertir una reivindicación legítima en otra operación típica del Estado autonómico: Madrid dice que transfiere, Galicia dice que recibe, todos celebran y después aparece la factura debajo de la alfombra. Si hay deuda, compensaciones, obligaciones con la concesión o costes de mantenimiento, alguien tendrá que asumirlos. Y ese alguien, al final, suele ser el contribuyente o el usuario.
La política gallega tiene aquí una oportunidad y una trampa. La oportunidad: demostrar que gestionar desde Galicia sirve para algo práctico, no solo para cambiar el membrete del expediente. La trampa: vender el traspaso como si mañana desaparecieran los peajes, mejorara el mantenimiento y bajara la tensión territorial por arte de magia. La ley no dice eso. La ley abre una negociación.
También conviene recordar lo que no está probado. No puede afirmarse todavía que la AP-9 vaya a ser más barata para los conductores, ni que el Estado vaya a cubrir todos los costes, ni que la Xunta tenga ya cerrada una solución mágica. Eso será materia de acuerdo, de presupuestos y de control público. Y ahí el Parlamento gallego, el Congreso y los ciudadanos deberían exigir algo más que consignas.
La AP-9 es una infraestructura, pero también es una prueba política. Si el traspaso sirve para mejorar servicio, transparencia y rendición de cuentas, será una buena noticia. Si sirve para duplicar discursos y trasladar culpas, Galicia habrá ganado un titular y heredado un problema. El BOE ha puesto la primera línea. Ahora toca leer la factura antes de firmar el recibo.