AP-9: la Xunta pide negociar justo cuando el traspaso deja de ser un eslogan

La AP-9 vuelve a demostrar que en política territorial una cosa es levantar la bandera y otra pagar la factura. La Xunta de Alfonso Rueda ha pedido al Gobierno una comisión bilateral para “resolver las diferencias” sobre el traspaso de la autopista gallega, después de que el Congreso dejara encarrilada la transferencia y de que el PP se opusiera al texto en las Cortes por considerar que no ofrecía garantías económicas suficientes para Galicia.

La discusión puede sonar técnica, pero no lo es. La AP-9 es una arteria clave para Galicia: conecta el eje atlántico y condiciona desplazamientos cotidianos, peajes, logística y competitividad. Cuando se habla de traspasar su titularidad o gestión, el debate real es quién paga qué, con qué calendario y bajo qué condiciones. Si la letra pequeña sale mal, el titular histórico puede convertirse en una carga para las cuentas públicas gallegas.

Desde una mirada progresista, hay una contradicción política que el PPdeG no puede despachar con un comunicado. Durante años, el traspaso de la AP-9 ha funcionado como reivindicación gallega casi transversal. Pero cuando el acuerdo avanza en Madrid con apoyo de BNG, PSOE y Sumar, el PP introduce el freno: no así, no con estas condiciones, no sin más garantías. La cautela financiera puede ser razonable; lo que chirría es convertir el autogobierno en bandera cuando suma y en problema contable cuando llega el momento de concretarlo.

La Xunta sostiene que quiere renegociar o aclarar aspectos esenciales para que el Estado no “diluya” compromisos económicos. Ese punto merece atención, porque una transferencia mal cerrada puede terminar en peajes políticos y presupuestarios durante años. Pero también conviene exigir simetría: si se reclama una competencia, hay que explicar de forma transparente qué coste se acepta, qué coste se exige al Estado y qué mejora concreta notará el usuario de la autopista.

El Gobierno central tampoco queda libre de presión. Si defiende el traspaso, debe poner números, plazos y garantías sobre la mesa. No basta con celebrar una ley y dejar que la negociación posterior se convierta en un laberinto. Galicia ya conoce demasiado bien la política de los anuncios solemnes que luego se atascan en comisiones, informes y reproches cruzados.

La AP-9 resume una pelea clásica: centro contra periferia, sí, pero también oposición contra coherencia propia. El ciudadano que paga el peaje no vive de épica competencial. Quiere saber si el traspaso abaratará, mejorará o al menos ordenará una infraestructura que afecta a su vida diaria. Todo lo demás —la foto, la bandera, la bronca parlamentaria— sirve solo si termina en una autopista mejor gobernada y no en otra carpeta más para la guerra de siglas.