En Aragón no se discute solo cuántos pisos salen del papel. Se discute quién entra primero en la cola cuando la vivienda pública escasea. Este jueves, las Cortes han dado luz verde a tramitar la primera ley autonómica de vivienda del PP y Vox: 37 votos a favor de 63, rechazo de PSOE, CHA e IU y abstención de Teruel Existe. No es la aprobación final —falta el recorrido de enmiendas—, pero el marco ya está claro.
El consejero Octavio López lo vende como fin de una “anomalía”: más de cuarenta años de competencias sin ley propia, un parque público de apenas 1.289 viviendas y la promesa de pasar de las 3.600 de alquiler asequible en marcha a 7.000 al final de legislatura, a ritmo de mil al año. Habla de suelo, rehabilitación, vivienda protegida y seguridad jurídica. Suena a manual de oferta. Hasta que abres la letra pequeña del pacto con Vox.
La oferta como decorado, el filtro como ley
Carmen Rouco, de Vox, no se esconde: la norma incorpora la llamada “prioridad nacional”. Acceso preferente para quien demuestre arraigo en el territorio. “Es justo que pensemos primero en nuestros jóvenes y en nuestros trabajadores. Lo contrario es relegación del nacional”, dice. Y añade el castigo simbólico de moda: quien ocupe no puede “tener un premio”; se limitará el acceso a vivienda social a personas con okupación.
Traducción práctica: cuando el bien es escaso, el Estado autonómico no solo construye; elige vecinos. El problema de fondo —precios disparados, alquiler imposible, jóvenes eternamente de realquilados— se reescribe como problema de frontera interior. No se pregunta primero cuánto parque público falta. Se pregunta de qué pasaporte emocional vienes.
López carga contra el Gobierno central y contra Casa 47: “Si nuestros jóvenes tienen que esperar a Casa47 o al Gobierno de Sánchez, van apañados”. La norma estatal, dice, nunca se aplicó en Aragón y la autonómica viene a “sustituirla”. Es un golpe de pecho federalista con aroma de desmantelamiento: menos herramientas de contención de rentas y más relato de oferta + filtro identitario.
Lo que la izquierda lee en el texto
Desde la oposición se rechaza el proyecto por temor a que impulse la especulación. El dato del Gobierno —vivienda protegida de unas 160 calificaciones medias al año a más de 700; Plan Aragón Más Vivienda con más de 400 millones en seis años— no borra la pregunta política: ¿para quién se construye el “arraigo”?
Una ley de vivienda digna de ese nombre ampliaría oferta y blindaría a inquilinos, jóvenes y hogares precarios sin convertir el empadronamiento o la biografía migrante en sospecha. Aquí el PP necesita a Vox para sacar adelante el texto tras un primer rechazo de la ultraderecha. El peaje no es cosmética: es doctrina. Prioridad nacional + castigo al okupa = narrativa de “los de aquí primero” cosida a un problema material real.
Aragón tiene Zaragoza tensa y cientos de pueblos vacíos. Una buena ley debería tratar esa diversidad sin convertir la escasez urbana en excusa para discriminar. Construir mil pisos al año puede ser noticia. Convertir el acceso en prueba de pureza territorial es otra cosa: es política de vivienda con lista de exclusiones.
La tramitación sigue. Habrá enmiendas. Pero el mensaje del primer paso ya viaja solo: en la España de la derecha autonómica, la llave del piso público no se entrega solo por necesidad. Se pesa el apellido del barrio. Y eso, desde esta mesa, no es pragmatismo. Es jerarquía disfrazada de plano urbanístico.