El 18 de julio vuelve a poner a España delante del espejo, y no precisamente de uno cómodo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al Gobierno una declaración institucional de condena del golpe de Estado de 1936 en el 90 aniversario de aquella fecha. También reclama que el lema “18 de julio: Nunca Más” cuelgue en ministerios y en cuarteles del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La petición no es una ley, ni un decreto, ni una votación parlamentaria. Es una exigencia política y simbólica. Pero precisamente por eso toca una fibra muy sensible: qué hace una democracia con las fechas que la hirieron. La ARMH sostiene que el golpe debe ser rechazado de forma pública por las instituciones democráticas y recuerda que el pleno del Congreso no ha aprobado una condena solemne como tal de la dictadura franquista.

La memoria no es una foto vieja: es una disputa del presente

En su escrito, la asociación enmarca el aniversario como una oportunidad para recordar que la sublevación militar derivó en guerra, dictadura, exilio, represión y violaciones de derechos humanos. Ese es el núcleo factual de su reclamación: no dejar que el 18 de julio se deslice hacia el calendario como si fuese una efeméride polvorienta, apta solo para historiadores y documentales de madrugada.

La izquierda tiene aquí un argumento fuerte: una democracia no debería ponerse nerviosa por condenar un golpe contra un gobierno constitucional. No hay que vestirlo de ceremonia grandilocuente. Basta con decirlo claro, sin medias tintas y sin ese miedo español a que recordar a las víctimas parezca molestar a los herederos emocionales de los verdugos.

El riesgo: convertir la memoria en munición partidista

También hay un riesgo evidente. Si cada gesto de memoria se convierte en otro proyectil de bloque contra bloque, el mensaje pierde altura y acaba consumido por la tertulia. La obligación democrática de condenar una dictadura no debería depender de quién gobierna Moncloa ni de cuánto ruido puede sacar la oposición. Tampoco debería servir para repartir carnés de pureza democrática con una ligereza que luego lo mancha todo.

La petición de la ARMH habla de pancartas, cuarteles y una declaración desde el Palacio de la Moncloa. Son símbolos potentes. Y por eso mismo exigen cuidado: el símbolo debe señalar el rechazo institucional a la violencia política, no fabricar un enemigo judicial o partidista donde no lo hay. Condenar el golpe de 1936 no implica acusar a nadie hoy de golpista. Implica algo mucho más básico: recordar que la democracia no se defiende sola.

“Nunca más” debería ser una frase fácil

Lo llamativo es que “Nunca Más” debería ser una de esas frases que no cuestan. Nunca más un golpe militar. Nunca más una dictadura. Nunca más desaparecidos en cunetas. Nunca más un país donde la violencia decide lo que no gana en las urnas. Si eso incomoda, el problema no está en la pancarta.

España sigue teniendo una relación rara con su memoria democrática: mucha solemnidad cuando conviene, mucha alergia cuando toca bajar al barro de nombres, fosas, monumentos y responsabilidades. La ARMH ha puesto otra vez el dedo ahí. El Gobierno puede contestar con un gesto, con silencio o con una fórmula intermedia. Pero el aniversario ya ha hecho su trabajo político: recordar que una democracia madura no mide su salud por olvidar menos, sino por mirar mejor.