Había una frase que sonaba cómoda: la presidenta no contaba ni comunicaba lo que compra o vende Planifica Madrid. “No es mía ni es para mí”. Hasta que el relato se estrella contra una visita real.
Este miércoles, fuentes del Ejecutivo madrileño confirman lo que ya había adelantado El País y contrastan varios medios: Isabel Díaz Ayuso visitó el ático de Chamberí después de que la empresa pública Planifica Madrid lo comprara en abril por 6,3 millones de euros. No fue una pasada de turista. Según Sol, fue a mirar si aquel piso del Paseo del General Martínez Campos podía servir de despacho temporal mientras duran las obras de la Real Casa de Correos.
“Fue a visitar una posibilidad. No una decisión”, repiten ahora. Traducción política: la presidenta sí pisó el inmueble; la decisión de usarlo como oficina se aplazó, dicen, a finales de octubre. La compra, eso sí, ya estaba hecha.
Primero se compra. Luego se explica. Después se vende
La secuencia es la que duele. La operación se cierra en primavera. No se hace pública hasta el 29 de julio. Al día siguiente, con la polémica encima, la Comunidad anuncia que pondrá el ático a la venta y destinará el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sale a un precio de partida de 6,69 millones. El plazo de ofertas, según la documentación pública que ha trascendido, llega hasta el 7 de septiembre.
En medio, Ayuso se desmarca. Dice que desconocía cómo se había hecho la operación. Que no es su competencia saber cada movimiento de Planifica Madrid. Que si hubiera querido una vivienda “para mí”, tardaría “un poquito: siete años”. El mensaje era claro: esto no va conmigo.
Hoy el portavoz y responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, suma otra frase para el archivo: “Cuando se compra un inmueble, obvio que se visita”. No aclara del todo quién hizo la inspección previa. Fuentes del entorno de Ayuso sí precisan dos tiempos: alguien de la Consejería de Presidencia vio el piso antes de comprar; la presidenta lo vio después. Niegan que fuera su jefe de Despacho, Álvaro Sanz, y niegan cualquier papel de su pareja en la adquisición.
El problema no es solo el metro cuadrado
El inmueble es grande —documentación oficial habla de unos 481 m² construidos, con vivienda y terraza— y se compró a la empresaria Astrid Gil Casares. Pero el núcleo político no es el catálogo de lujo. Es la opacidad: un organismo público gasta 6,3 millones, la ciudadanía se entera meses después, la justificación institucional (despacho provisional) dura apenas un día mediático y la salida de emergencia es vender “con plusvalía” y envolverlo en reconstrucción de la sierra.
También choca con el clima de vivienda que la propia derecha madrileña vende como bandera. Mientras se discute el acceso a un piso normal, el Gobierno autonómico aparece comprando un ático de alto standing y improvisando el relato a medida que salen los detalles. No hace falta inventar un delito: basta con mirar la cronología y las palabras de agosto frente a las de septiembre.
Lo que sí está acreditado y lo que no
Está acreditado por confirmaciones del entorno autonómico y por cobertura cruzada de varios medios: la compra en abril, el precio, la visita posterior de Ayuso, la puesta a la venta y el intento de desmarque previo de la presidenta. Lo que no está probado —y no se afirma aquí— es un uso residencial particular consumado, una adjudicación irregular declarada por un juez o una intervención penal concluida. Hay polémica política, preguntas de oposición y una gestión de patrimonio que se ha vuelto boomerang. Eso ya es bastante para exigir cuentas claras.
Porque si “obvio que se visita”, también debería ser obvio que se informa. Y si la visita de la presidenta era solo “una posibilidad”, alguien tendrá que explicar por qué la posibilidad se compró primero y se contó después.