La defensa de Begoña Gómez ya ha elegido su primera frase de campaña judicial: absolución. No enriquecimiento. No apropiación del software de la Complutense. No uso privado. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, suena a cierre de filas antes de que el jurado popular entre en la sala.
Pero el papel no borra el escenario. Gómez se sienta en el banquillo, junto a su asistente Cristina Álvarez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La acusación popular de Hazte Oír pide 13 años. El juez Juan Carlos Peinado no archivó: abrió la puerta del juicio.
Cuando alguien llega ahí, el debate útil deja de ser “qué dice el entorno” y pasa a ser otro: qué tendrá que explicar bajo presión.
El dominio “provisional” y la universidad del Estado
La esposa del presidente sostiene que el dominio de la cátedra se pagó con dinero personal y que solo era una llave técnica de acceso web, montada según indicaciones de la UCM. Asegura que la universidad no tenía cauce operativo para registrarlo, que la plataforma no estaba lista y que actuó “en provisional” para que nadie se quedara el nombre digital del proyecto.
También afirma que la plataforma “siempre se ha concebido como propiedad de la UCM” y que el registro se hizo con conocimiento universitario. Es una línea de defensa limpia… si se demuestra. Porque el reverso es evidente: cuando la esposa del presidente del Gobierno opera dominios, marcas y estructuras académicas en una universidad pública, la apariencia de normalidad no basta. Hay que probarla.
Moncloa, el rector y el vínculo que no se puede fingir
Gómez niega haber influido o ejercido “presión moral” sobre el rector Joaquín Goyache u otras autoridades “aprovechándose” del matrimonio con Pedro Sánchez. Dice que colaboraba con la UCM desde 2012 y que la reunión en Moncloa se debió al cierre por la COVID-19.
Puede ser verdad. También puede ser, para una parte del país, el resumen de un problema español: la frontera entre la vida privada del poder y las instituciones se vuelve porosa. No hace falta inventar un delito para entender por qué este expediente enfurece a la derecha y pone nerviosa a la izquierda. Moncloa no es una cafetería. Y una cátedra extraordinaria no es un hobby inocente cuando el apellido del Gobierno va en la misma frase.
Sin sueldo de cátedra, con red de apoyo
La defensa insiste en la austeridad aparente: como colaboradora externa no superó 15.000 euros brutos anuales; la cátedra, según su abogado Jaime Campaner, se desempeñó gratis durante cuatro años. Sobre Cristina Álvarez, Gómez dice que le ayuda a coordinar lo institucional, lo familiar, lo privado y lo profesional, y reivindica la costumbre de que las cónyuges de presidentes cuenten con personal eventual.
Ahí está el otro nervio del caso. No solo el software. También el aparato de apoyo alrededor de una persona que no es cargo electo, pero vive en el centro del poder. elDiario.es apunta que la defensa se apoya en precedentes y memorias de otras esposas de presidentes, incluida Ana Botella, para blindar ese rol. La pregunta política es brutal de simple: ¿dónde acaba la logística del cargo y dónde empieza el privilegio opaco?
Hazte Oír no es el juez, pero el banquillo sí es real
Se puede criticar a Hazte Oír. Se puede decir que la acusación popular tiene agenda. Se puede recordar que un escrito de defensa no es una sentencia. Todo eso cabe. Lo que no cabe es convertir el juicio en una anécdota de “acoso a la familia del presidente” sin mirar el fondo: el instructor ha llevado la causa a juicio oral.
España lleva demasiados años viendo cómo los casos de influencia se diluyen en ruido, plazos y trincheras. Si Gómez no se enriqueció, no se apropió de nada y no usó la Moncloa como palanca, el jurado tendrá vía para absolverla. Si el relato se cae, el coste no será solo personal: será institucional.
Por eso este viernes el escrito de absolución no cierra el caso. Lo enciende. Porque cuando la esposa del presidente pide salir absuelta antes de que empiece el espectáculo del jurado, el país ya está juzgando algo más que un dominio web: está midiendo si el poder aguanta la misma vara de medir que el resto.