La jueza que puso contra las cuerdas al hermano del presidente ya no se limita a instruir. Beatriz Biedma pide sentarse como acusación particular en el caso Leire Díez y dice, sin anestesia, que la presunta trama para torpedear pesquisas incómodas al PSOE habría buscado contactos con el narcotráfico de Badajoz para actuar contra ella.

No es un tuit de oposición. Es un escrito ante la Audiencia Nacional, al juez Santiago Pedraz, con una tesis de manual de Estado fallido: cuando la independencia judicial molesta, alguien intenta convertir a la instructora en objetivo.

Del hermano de Sánchez al “apartarla”

Biedma instruyó la causa que acabó con nueve años de inhabilitación para David Sánchez. Ahora sostiene que la trama atribuida a la exmilitante Leire Díez y al entorno de Santos Cerdán no solo miraba expedientes: la miraba a ella. Según el escrito al que ha tenido acceso El País, tuvo conocimiento de “contactos promovidos” con personas vinculadas a un clan del narco asentado en Badajoz. A su juicio, eso pudo poner en peligro no solo su reputación, “sino incluso su propia integridad física”.

La magistrada se agarra a una anotación de agenda atribuida a Díez, del 25 de marzo de 2025: “Jueza de Badajoz. Celsa. Heroína o gitano”. La fecha, dice, es “especialmente relevante” porque llegó días después de que se rechazara una recusación contra ella. Traducción política: primero intentas tumbar a la juez por la vía procesal; si no cae, abres la libreta.

WhatsApp, UCO y campaña de barro

Biedma afirma que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la identifica “expresamente” como uno de los objetivos de la trama. En el relato aparece el grupo de WhatsApp “VACACIONES Y VIAJES”, con un exmagistrado expulsado de la carrera, Luis Sáenz de Tejada; el empresario Javier Pérez Dolset; y Joaquín Parra, entre otros. Según la jueza, se llegó a barajar que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez con el fin de apartarla de la investigación.

En la causa figuran como investigados, entre otros, Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE Ana María Fuentes. Biedma habla de recopilación de datos sobre su entorno personal, familiar y profesional, y de una “intensa campaña de descrédito” con denuncias y publicaciones. Pide ser perjudicada, acceso a agendas y dispositivos, e incluso que otros juzgados de Badajoz se inhiban a favor de la pieza de la Audiencia Nacional.

Los hechos, tal como ella los formula, podrían apuntar a obstrucción a la justicia, amenazas o coacciones, revelación de secretos, denuncia falsa u organización criminal. Ojo: son indicios y pedimentos en un escrito, no un veredicto. Pero el listado ya dice qué tipo de guerra se está litigando.

La pregunta que Moncloa no quiere oír

Si se confirma una fracción de lo denunciado, el problema no es solo Leire Díez ni un grupo de WhatsApp con nombre de agencia de viajes. El problema es que una instructora que tocó el entorno familiar del presidente del Gobierno termina denunciando que alguien buscó clanes y barro para tumbarla. Eso no es “ruido mediático”. Es un test de si en España se puede investigar al poder sin que el poder intente investigarte a ti con métodos de cloaca.

La derecha no necesita inventar aquí una novela: basta con leer el escrito y exigir que Pedraz lo aclare hasta el final. Porque si una jueza tiene que personarse para protegerse del entorno de un partido que gobierna, la democracia ya no discute una condena de inhabilitación. Discute si el Estado de derecho aguanta cuando el apellido del investigado es Sánchez.

Fuentes y contexto