Hay declaraciones que valen por todo un editorial. Este martes 1 de julio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que existe «cero riesgo» de que Begoña Gómez eluda la justicia. Lo ha dicho el máximo responsable político del ramo. Sobre la esposa del presidente del Gobierno. En una causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Y lo ha dicho, encima, para afear a ese mismo juez unas medidas cautelares que ha tachado de «desproporcionadas, absurdas e innecesarias».

Uno esperaría que un ministro de Justicia, precisamente el de Justicia, midiera cada palabra al opinar sobre un procedimiento abierto. Pero Bolaños ha elegido el camino contrario: bajar a la arena, coger el micrófono y ejercer, de facto, como portavoz de la defensa.

El ministro que corrige al juez

El detalle no es menor. Quien habla no es un diputado cualquiera ni un tertuliano con ganas de titular. Es el ministro de Justicia, el miembro del Gobierno que representa al Ejecutivo en su relación con la carrera judicial. Que ocupe esa silla y salga a decir en público que las decisiones de un juez son «absurdas» tiene una lectura incómoda para cualquiera que se tome en serio la separación de poderes.

Conviene recordar algo básico: valorar si una cautelar es proporcionada o no es competencia de los tribunales, no del Consejo de Ministros. Para eso existen los recursos. Para eso están las instancias superiores. Lo que no figura en ningún manual es que el titular de Justicia haga de crítico de los autos que no le gustan, y menos cuando la investigada comparte domicilio con el presidente del Gobierno.

Qué decidió Peinado y por qué

Vayamos a los hechos. El pasado 20 de junio, el juez Peinado acordó retirar el pasaporte a Begoña Gómez dentro de la investigación que sigue contra ella. Las medidas cautelares, según recogen Europa Press y El Periódico, incluyen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

El instructor le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Conviene subrayarlo con todas las letras: se trata de una investigación en curso. No hay sentencia, no hay condena y rige de principio a fin la presunción de inocencia. Begoña Gómez es, a día de hoy, una investigada, ni más ni menos.

Ahora bien, que no exista condena tampoco convierte de forma automática en «absurda» una cautelar. Un juez adopta estas medidas cuando aprecia indicios que, a su criterio, justifican asegurar el procedimiento. Podrá estar más o menos acertado —eso lo dirán los tribunales—, pero tildar su decisión de disparate desde el Gobierno es harina de otro costal.

El viaje que lo ha desatado todo

¿Y a qué viene ahora el revuelo? A un viaje. Gómez ha pedido autorización para desplazarse entre el 7 y el 10 de julio. El plan: acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara y regresar haciendo escala en Londres para asistir a la graduación de su hija.

Bolaños ha defendido que estos permisos son «habituales» cuando pesan medidas cautelares sobre alguien. Y puede que ahí no le falte parte de razón: los tribunales conceden salidas puntuales con cierta frecuencia. Pero justo ahí está la clave que el ministro pasa de puntillas: si el permiso es tan rutinario, lo lógico es pedirlo, esperar y acatar lo que resuelva el juez. No abrir un debate público para empujar hacia el «sí».

Porque el mensaje que queda flotando en el ambiente no es «confiamos en la justicia». Es «esta cautelar sobra y el juez se equivoca». Y son dos cosas muy distintas cuando quien las pronuncia tiene despacho en el Consejo de Ministros.

Hay un cauce legal. Y hay un micrófono

Lo más revelador de todo es que la vía correcta ya está en marcha. La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra las cautelares, pendiente de resolución según El Periódico. Existe, por tanto, un procedimiento reglado, con jueces que deben revisar si Peinado se pasó de frenada.

Con ese recurso sobre la mesa, las palabras del ministro sobran. Si la Audiencia da la razón a la defensa, estupendo: habrá funcionado el sistema de garantías. Si se la quita, tocará acatar. En ninguno de los dos escenarios ayuda que un miembro del Ejecutivo adelante por su cuenta qué le parece «absurdo» y qué no.

Queda, en fin, una foto difícil de digerir: el ministro de Justicia haciendo de escudo mediático de la mujer del presidente frente al juez que investiga presuntos delitos graves. Puede que Bolaños lleve toda la razón del mundo en el fondo del asunto. Pero la forma —el cargo que ocupa, el caso del que habla y el tono que emplea— dice bastante sobre cómo se entiende hoy, desde Moncloa, aquello de que cada poder debe circular por su propio carril.

Fuentes y contexto