Hay choques entre Gobierno y jueces que son ruido de temporada. Y hay otros que dejan una pregunta incómoda encima de la mesa: ¿sirve de algo quejarse al Consejo General del Poder Judicial cuando el problema es, precisamente, cómo se juzga el poder?
Félix Bolaños ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del CGPJ de archivar las quejas que puso contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez. No es un tuit. Es un escrito. Y en ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro de Justicia deja de hablar en código: dice que el órgano de gobierno de los jueces no ha estado a la altura en agilidad ni en rigor, y sostiene que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” ha sido incapaz de corregir las irregularidades que denunció.
Traducción para quien no vive en los pasillos de Genova o de la Carrera de San Jerónimo: Bolaños no solo discute una diligencia. Discute si el sistema de control interno de la judicatura funciona cuando el señalado es uno de los suyos y el que se queja es un ministro del Gobierno.
Lo que el ministro pone por escrito
El núcleo factual es estrecho y, por eso mismo, potente. Bolaños relata un interrogatorio en La Moncloa como testigo marcado por lo que describe como hostilidad y actitud intimidatoria. Según su versión —recogida en la cobertura del recurso— el magistrado exigió una tarima para colocarse en un plano superior, le acusó de contestar con evasivas y llegó a reprocharle que sonriera. Después, Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él.
Uno puede debatir el tono. Uno puede decir que un ministro no es un testigo cualquiera y que la tensión era previsible. Lo que no se puede hacer, si se quiere hablar en serio, es convertir el malestar en anecdota de pasillo y dar carpetazo como si no hubiera pasado nada digno de mirar.
Porque la disciplina judicial no existe para contentar a Moncloa. Existe para que la toga no se confunda con un escudo personal. Si un instructor levanta el escenario —literalmente— y el gobierno de los jueces responde con archivo, el mensaje que llega fuera del edificio no es de independencia serena: es de trinchera.
Un archivo con nombres y un callejón administrativo
El archivo no es un rumor de tertulia. En julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el vocal elegido a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas por las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es la que ahora debe mirar el recurso de alzada. El propio ministro admite, en la información publicada, que no confía en que ese órgano se desdiga y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa para llegar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Ahí está el truco amargo del procedimiento: te archivan, recurres ante quienes te archivaron y, si quieres una revisión de verdad, te mandan al contencioso-administrativo. Bolaños dice confiar en que el Supremo “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”. Se puede leer como presión política. También se puede leer como diagnóstico: si el buen nombre de la judicatura se defiende solo entre pares, el prestigio público se pudre.
No es el mismo Bolaños de la otra pelea
Conviene no mezclar carpetas. Esta misma jornada hay otra historia con el apellido Bolaños —la alerta de la Fiscalía sobre asistencia a menores víctimas y la ley de eficiencia— que es otro debate, con otros papeles y otra herida. El recurso contra el archivo de Peinado va de otra cosa: de cómo se controla el poder de un juez instructor cuando el caso roza el núcleo del Gobierno.
La derecha lo pintará como ataque al Poder Judicial. Es el atajo fácil. La pregunta de fondo no es si a Bolaños le gusta Peinado. La pregunta es si un sistema que presume de independencia puede permitirse que la única respuesta disciplinaria sea el silencio cuando se denuncian hostilidad, teatralización del interrogatorio e intentos de llevar al ministro al banquillo.
Independencia no es intocabilidad. Y corporativismo no es una palabra mágica de la izquierda para desprestigiar jueces: es el riesgo clásico de cualquier profesión con poder y con puertas giratorias internas. Si el CGPJ no quiere que esa palabra se le pegue, tiene un camino aburrido y adulto: motivar, revisar y explicar. Archivar y mirar para otro lado es justo lo contrario.
Bolaños puede perder el recurso. Puede ganarlo en el Supremo o quedarse a medias. Eso lo dirán resoluciones, no titulares. Mientras tanto, el daño ya está hecho en el terreno que más importa a un Estado constitucional: la sensación de que hay jueces que investigan al poder y un gobierno de los jueces que, cuando le tocan a uno de los suyos, prefiere la alfombra.
Si eso es independencia, que alguien explique en qué se diferencia del blindaje.