Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa una idea tan simple que casi da vergüenza que siga siendo noticia: si un menor víctima de violencia necesita justicia, no debería depender de la isla en la que viva. La consejera canaria de Presidencia, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, reclamó este viernes al Ministerio de Justicia juzgados o secciones especializadas de infancia en todas las islas, según publicó EFE.
La petición no sale de la nada. Canarias cuenta con una experiencia pionera en Las Palmas de Gran Canaria: un juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, abierto como proyecto piloto y respaldado en su día por el Consejo General del Poder Judicial. La propia nota del Poder Judicial lo presentó como una experiencia especializada para evitar que niños y adolescentes víctimas tengan que repetir una y otra vez su relato.
La justicia también es geografía
En Madrid, hablar de “acceso a la justicia” suena a concepto de oposición o a PowerPoint ministerial. En una isla no capitalina puede significar algo bastante más concreto: desplazamientos, tiempo, dinero, miedo, cansancio y una sensación muy física de que el Estado queda lejos. Cuando el asunto afecta a niños víctimas de violencia, esa distancia pesa el doble.
Barreto afirmó en comisión parlamentaria que el objetivo del Gobierno canario es contar con juzgados o secciones especializadas en infancia en todas las islas, aunque recordó que la creación depende del Ministerio de Justicia y de los órganos judiciales. También aseguró que el Ejecutivo autonómico ha solicitado “reiteradamente” nuevas unidades y que ha ofrecido medios materiales y partidas presupuestarias para poner en marcha una sección en La Laguna.
La frase más política de la jornada fue esta: “Si fuera por nosotros, tendríamos esos juzgados en todas las islas hace dos años”. Es una presión directa al Ministerio, pero también una forma de señalar el laberinto competencial de siempre. Unos tienen los edificios, otros deciden la planta, otros nombran o reparten cargas, y al final quien espera es la víctima.
Especializar no es crear burocracia: es evitar daño
Un juzgado de infancia no es una ocurrencia para poner una placa bonita en la puerta. La especialización importa porque reduce la revictimización. Traducido: que un niño no tenga que contar lo peor que le ha pasado cinco veces, ante cinco personas distintas, en espacios fríos y con procedimientos pensados para adultos. El Gobierno de Canarias explicó en 2024 que el modelo de Las Palmas trabaja con protocolos, salas adaptadas y herramientas para que el proceso sea menos agresivo para las víctimas.
Ahí hay una política pública con consecuencias reales. No promete resolver todos los casos ni sustituye a fiscales, equipos psicosociales o servicios sociales. Pero cambia el trato. Y en justicia, el trato también es parte del derecho.
La mirada progresista debería empujar este debate sin complejos: los derechos no existen solo cuando el BOE los proclama. Existen cuando hay juzgados capaces de aplicarlos, profesionales formados, espacios adecuados y procedimientos que no convierten a la víctima en un expediente que peregrina de ventanilla en ventanilla.
El Ministerio no puede esconderse en el organigrama
Es cierto que la creación de órganos judiciales no se resuelve con una rueda de prensa autonómica. También es cierto que la política está llena de administraciones que se pasan la pelota con una elegancia insoportable. Si Canarias tiene una experiencia que funciona como referencia y reclama extenderla, el Ministerio de Justicia debería responder con calendario, criterios y recursos. No con silencio administrativo vestido de complejidad técnica.
La noticia llega además en un momento en el que el Gobierno central presume de refuerzo judicial. Si hay más plazas y más discurso sobre modernizar la justicia, la infancia debería estar arriba en la lista. Porque una justicia lenta es mala para cualquiera, pero para un menor víctima de violencia puede ser directamente una segunda herida.
La otra pata es la digitalización. Barreto defendió también que la sede judicial electrónica y las oficinas de justicia municipales pueden evitar desplazamientos innecesarios en islas no capitalinas. Bienvenido sea. Pero conviene no confundir una notificación online con justicia cercana. La tecnología ayuda; la especialización protege.