Cuando un Gobierno pierde la votación en el puerto y responde quitándole el mando al puerto, el mensaje no es de diálogo: es de imposición. Óscar Puente ha firmado una orden con el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y abrir la puerta a un campamento de carpas para más de mil migrantes. El consejo de administración había dicho no el viernes por 11 a 4.

La foto es elocuente. Según elDiario.es y El Mundo, arrancan trabajos en unos 16.000 metros cuadrados de la Ampliación de Poniente, con previsión de decenas de carpas junto a instalaciones sensibles del entorno portuario. Vecinos, empresarios y la propia Autoridad Portuaria han plantado cara. El Ejecutivo sigue igual: si no hay solar “tranquilo”, se cambia el mando del solar.

Ángel Víctor Torres vende la medida como temporalidad pura. En TVE ha dicho que son casetas para desmontar cuando “sean devueltos”, y que la filiación acelerada es la condición del retorno. Suena a manual de crisis. El problema es la credibilidad: la ciudad lleva más de un mes bajo presión tras la entrada masiva de finales de julio —decenas de miles de cruces, con miles aún sobre el terreno y más de 1.600 menores filiados, según las cifras que maneja el Gobierno ceutí— y cada “solución provisional” se percibe como un hecho consumado.

Torres alega que las parcelas del puerto y de La Reina salieron de un real decreto blindado en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación con Vivas presente, y que luego el puerto sacó informes técnicos en contra. Aunque eso fuera literalmente cierto, no borra el fondo político: Moncloa decide el mapa de acogida y Ceuta carga con el peaje urbano, comercial y de seguridad. La unanimidad de un comité no convierte en inteligente cada ubicación.

Sira Rego ha reconocido “una parte de responsabilidad” del Gobierno por el desborde y una coordinación que debió ser “más eficiente, o más rápida”. Bienvenida la frase. Llega después de semanas de caos, de bronca con la ciudad y de un Ejecutivo que ha alternado negación, judicialización y parches. La ministra, además, carga contra el PP por no firmar el traslado de 500 menores y habla de “deportación masiva” si se plantea la expulsión general de menores. Es el clásico intercambio de vetos: el Gobierno señala a Feijóo; Ceuta señala a Moncloa; y el muelle se llena de lonas.

Mientras tanto, Juan Jesús Vivas prepara el martes 8 de septiembre una ofensiva europea: se reunirá en Bruselas con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica. Von der Leyen ya les había encargado seguimiento y presión para controlar el flujo y acelerar deportaciones. El presidente ceutí quiere contar la crisis fuera del filtro de Moncloa. No es un viaje de turismo institucional: es un SOS a la UE cuando el Estado central y la ciudad ya no hablan el mismo idioma operativo.

El contraste es brutal. En Madrid se discute si las carpas son “temporales”; en Ceuta se discute si el cordón logístico de la ciudad puede convertirse en campamento permanente por la vía de los hechos. En las crónicas locales reaparecen protestas vecinales pidiendo retornos ágiles, no nuevos asentamientos. Gobernar no es solo instalar lonas: es recuperar control de frontera, devolver con eficacia y no humillar a una ciudad española tratándola como apéndice sin voz.

La lectura liberal-conservadora es directa. Un Ejecutivo que necesita ordenar el puerto a la fuerza después de un mes de desborde no proyecta autoridad: proyecta parche. Si Marruecos, la filiación, los menores y la UE están en el tablero, el primer deber de Moncloa no es ganar una votación portuaria por decreto, sino demostrar que España puede proteger Ceuta sin convertir cada muelle en trinchera de campaña.

Fuentes y contexto