En Galicia el conselleiro de Empleo no solo firma discursos sobre trabajo digno. También da nombre a una familia cuya bodega acaba de chocar con la Inspección de Trabajo por lo más básico: gente sin papeles recogiendo uva.
Según elDiario.es, la Inspección —dependiente del Gobierno central— certificó en una actuación de oficio la presencia de dos trabajadores de origen africano en situación irregular durante la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense). La sanción propuesta apunta a Viña Campinas, S.L., filial del grupo que gestiona las viñas de la bodega familiar Casal de Armán, fundada por el padre del conselleiro José González Vázquez y heredada por él y sus hermanos.
No es un detalle menor de organigrama. González Vázquez dirige hoy Emprego, Comercio e Emigración en la Xunta de Alfonso Rueda. Antes de entrar en política de la mano de Feijóo fue inspector de Hacienda. En 2016 declaró en el Parlamento gallego ser socio de la bodega; en 2018, al aterrizar en el Gobierno autonómico, se desprendió de esa participación. La empresa, eso sí, sigue siendo de la familia.
Las multas por este tipo de irregularidades suelen moverse, según el propio reportaje, entre 10.000 y 100.000 euros por trabajador. La Inspección no ha confirmado la cuantía exacta. Y aquí llega el giro clásico del poder cuando le tocan cerca: la Xunta responde con un comunicadito genérico. Aboga, “como no puede ser de otra manera”, por que cualquier trabajador en Galicia esté de alta en la Seguridad Social… incluso en vendimia. Ni una línea sobre el conselleiro. Ni una sobre la familia. Como si el titular del empleo fuese un vecino lejano.
Desde Casal de Armán niegan la mayor. Dicen que la contratación irregular la hizo una empresa de trabajo temporal ajena al grupo, que cuando lo supieron denunciaron y que, aun así, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que encargó el trabajo: su filial. ElDiario.es les pidió copia de esa denuncia. Se negaron a enseñarla. Traducción práctica: piden fe, pero no enseñan el papel.
Las cuentas del grupo no ayudan a pintar un negocio marginal. Bodegas Casal de Armán facturó algo más de 3 millones en 2025 con una plantilla media que no llegó a cuatro personas. Viña Campinas, constituida en 2022 y dedicada a apoyo agrícola, facturó unos 715.000 euros con plantilla media de unas 10 personas. Encima de ambas aparece la holding familiar Rectoral de San Andrés, con el hermano del conselleiro como administrador único.
Hay, además, un eco anterior. En 2015 la bodega levantó un salón de eventos sin los permisos que pedían Ayuntamiento y Xunta; la pelea administrativa sigue viva mientras el negocio de hostelería se mantiene en pie. No prueba la sanción laboral de ahora. Sí dibuja un patrón: cuando la norma estorba, la familia parece confiar en que el tiempo y los recursos aplacen el problema.
El marco político es imposible de disimular. El conselleiro de Empleo es la cara institucional de la contratación legal en Galicia. Su familia recibe una sanción por trabajadores sin protección legal en la vendimia. La Xunta se esconde detrás de un párrafo de manual. Y el PP gallego, tan rápido para dar lecciones de orden cuando el problema está en otra comunidad, aquí prefiere el silencio técnico.
Nadie está condenando aún a nadie en un juzgado penal. Lo que hay es una inspección, una sanción propuesta, una defensa que culpa a una ETT sin enseñar la denuncia, y un conselleiro cuyo apellido queda pegado al expediente. Para la izquierda el mensaje es simple: no se puede predicar empleo de calidad y mirar para otro lado cuando la irregularidad cae en casa. Para el lector, aún más simple: si esto le pasa a la familia del responsable de Empleo, ¿qué margen queda para el temporero sin papeles que no sale en la foto?