En el caso Leire Díez, el entorno de Ferraz no discute solo el relato en los pasillos: discute la prueba. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha pedido al juez Santiago Pedraz anular el segundo volcado de su móvil y ordenar “la destrucción o, en su defecto, la inutilización definitiva” de la copia. Quiere el teléfono de vuelta ya, sin nuevo clonado, análisis ni acceso. No es un trámite inocente: es un envite a la columna vertebral de la instrucción.

La historia del terminal viene con costuras. La UCO hizo un primer clonado en mayo sin el letrado de Serrano. Pedraz ordenó repetirlo en agosto, esta vez con el investigado y su abogado presentes. La defensa responde ahora que una irregularidad de base no se “sana” con un bis: “Una resolución judicial posterior no puede sanar la vulneración de una garantía esencial”. Añade que el móvil estuvo mes y medio bajo custodia policial sin supervisión externa y que la posibilidad de designar perito de parte se comunicó tarde, el mismo día del volcado. Traducción política: si cae la copia, cae una parte del mapa de contactos que la investigación está intentando leer.

Medios como El Español sitúan en ese dispositivo una mensajería masiva con Leire Díez —hablan de miles de WhatsApp—. Esa cifra es periodística, no un auto leído en voz alta; pero el propio marco de la causa explica por qué duele: se investigan presuntas maniobras para interferir en frentes judiciales sensibles al PSOE y al entorno de Sánchez, con Díez en el centro del tablero y Serrano señalado por la UCO con un papel relevante en varias líneas.

El mismo martes, el partido mueve ficha en paralelo. El PSOE pide a Pedraz un expurgo de los datos bancarios que no guarden relación con los hechos y que el acceso a esa pieza se limite a la Fiscalía, para “extremar cautelas” frente a filtraciones. El juez había reclamado a una docena de entidades información sobre decenas de cuentas vinculadas a la causa —reportes hablan de más de ochenta referencias, varias del propio PSOE— en una pieza económica sensible. Ferraz dice que ya identificó a la UCO las cuentas usadas para pagos a investigados, que colaborará y que “no tiene nada que ocultar”. El PP, en cambio, ve la petición “incoherente” y lanza la sospecha fácil: si no hay nada que esconder, ¿para qué blindar el grifo?

Hay que separar el ruido del procedimiento. Pedir protección de datos de terceros ajenos a la causa puede ser legítimo. Convertir esa protección en un filtro que deje fuera a acusaciones personadas y reduzca la transparencia del sumario es otra conversación. Sobre todo cuando la instrucción mira pagos, abogados, empresas del entorno y la sospecha —aún por probar en sentencia— de que recursos del partido sirvieron para costear una fontanería judicial. La gerente del PSOE está en la agenda del juzgado; Santos Cerdán aparece una y otra vez en el relato de los testigos y de los investigadores. Nada de eso es condena. Todo eso es contexto de por qué el móvil y las cuentas no son accesorios.

La derecha institucional debería exigir exactamente dos cosas a la vez: garantías procesales para todos —también para Serrano— y que nadie use la intimidad como cortina de humo para impedir que se sepa si hubo caja B política disfrazada de gestoría. Si los volcados se practicaron mal, se corrigen con rigor. Si se practicaron y duelen, no se borran porque incomoden. Y si el PSOE quiere expurgo, que sea de lo irrelevante… no de lo decisivo.

Pedraz tiene ahora dos papeles sobre la mesa: uno que quiere apagar la memoria del teléfono y otro que quiere estrechar quién mira las cuentas. El caso Leire no se va a resolver en un tuit. Pero el mensaje de este martes es cristalino: cuando la instrucción se acerca al hardware y al extracto bancario, el entorno socialista deja de hablar de “colaboración” en abstracto y empieza a negociar el perímetro de la verdad.

Fuentes y contexto