Ceuta recibe 25 millones para menores, pero la pelea por acogerlos ya está servida

La crisis de Ceuta ya no cabe solo en la palabra frontera. El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes que han quedado bajo tutela o asistencia en la ciudad autónoma, según la información publicada por elDiario.es. La medida llega después de varios días de tensión institucional, presión asistencial y pelea política alrededor de una pregunta muy concreta: quién se hace cargo cuando el sistema local se desborda.

Ceuta venía avisando de que necesitaba aire. EL PAÍS había contado que la ciudad calculaba que tendría que atender a más de mil menores y que preparaba grandes instalaciones para reubicar a parte de ellos tras la entrada masiva. Dicho sin barniz administrativo: no hablamos de una carpeta más en un ministerio, sino de camas, comida, educadores, intérpretes, seguridad, salud y una red pública que no se improvisa en una semana.

El dinero, por tanto, era necesario. Pero el dinero no cierra el problema. Porque mientras Moncloa pone sobre la mesa esos 25 millones, el PP anticipa su rechazo a que las comunidades donde gobierna acojan menores procedentes de Ceuta, de acuerdo con elDiario.es. Los populares sostienen que esta situación no es comparable con repartos anteriores. El Gobierno, en cambio, intenta presentar el asunto como una prueba de solidaridad territorial.

Desde una lectura progresista, la escena deja una incomodidad evidente. Si una ciudad española no puede absorber sola una emergencia de menores, el resto del Estado no puede mirar a otro lado como si Ceuta estuviera en otro planeta. La protección de menores no debería depender del cálculo electoral de cada barón autonómico ni de si la foto molesta en agosto. Hay debates legítimos sobre capacidad, financiación y coordinación; lo que no parece serio es convertir a chicos y chicas vulnerables en una pelota competencial.

Ahora bien, tampoco vale la épica fácil. Repartir menores sin recursos, sin plazas reales y sin acompañamiento técnico sería otro modo de lavarse las manos. Las comunidades tienen derecho a exigir dinero, previsión y reglas claras. Un traslado mal preparado no es solidaridad: es mover el problema de un edificio saturado a otro edificio saturado. La política útil empieza cuando alguien pone nombres a las plazas, calendario a los traslados y presupuesto al cuidado diario.

El choque se cruza además con la dimensión europea. EL PAÍS ha contado que España acudirá a Bruselas con reproches por la reacción de sus socios ante la crisis de Ceuta. Tiene lógica pedir solidaridad fuera, pero esa petición pierde fuerza si dentro se impone el “que lo gestione otro”. La Unión Europea escuchará mejor a un país que ordena su propia respuesta que a uno atrapado en una bronca interna permanente.

El riesgo de tergiversación es alto. No hay base para presentar a todos los menores como una amenaza ni para vender que cualquier comunidad puede absorber cupos sin coste. Tampoco hay base para decir que una partida extraordinaria resuelve por sí sola la crisis. Lo comprobable, por ahora, es más concreto: hay una presión asistencial excepcional en Ceuta, el Gobierno anuncia 25 millones, el PP marca distancia con la acogida en sus comunidades y el debate salta del puerto a la política autonómica.

La pregunta que queda es sencilla y bastante incómoda: si el Estado no consigue coordinar a sus propias administraciones para proteger a menores en una emergencia, ¿con qué autoridad exige luego a Europa una solidaridad que aquí se negocia con calculadora partidista? Ceuta necesita recursos, sí. Pero necesita sobre todo una respuesta que no convierta cada cama, cada traslado y cada euro en una trinchera.