Ceuta, menores y frontera: la derecha tiene una queja legítima y un límite incómodo

Ceuta ha colocado a la derecha ante una pregunta incómoda: cómo endurecer el discurso migratorio sin borrar que hay menores bajo protección. El PP ha evitado presentar la crisis como un simple reparto autonómico y la ha llevado al terreno de la seguridad nacional y de la política exterior. Según El Periódico, los populares rechazan señalar directamente a Marruecos, pero apuntan a una crisis de política exterior y no solo migratoria. Público, por su parte, recogió a Tellado defendiendo que el Gobierno debe resolverlo y que quienes entraron deben volver “por donde han entrado”.

La frase tiene fuerza política porque conecta con un malestar real: muchos ciudadanos perciben que España reacciona tarde cuando Marruecos aprieta la frontera. Ahí está el núcleo del choque: el Gobierno intenta presentar la respuesta como institucional y humanitaria; la oposición acusa a Sánchez de haber perdido capacidad de disuasión ante una frontera que no se gestiona solo con comunicados.

El problema es que la frontera no borra las obligaciones legales. Europa Press ha recogido la posición del PP sobre la acogida de menores llegados a Ceuta en comunidades autónomas gobernadas por los populares. La formación sostiene que esas autonomías no deben asumir “las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. Dicho de forma menos amable: Génova quiere que Moncloa cargue con la crisis que, a su juicio, no supo prevenir.

Desde una lectura liberal-conservadora, esa exigencia de responsabilidades tiene sentido. Un Estado no puede pedir solidaridad territorial como si fuera una goma de borrar para tapar errores de frontera, diplomacia o inteligencia. Si hubo fallo de previsión, debe explicarse. Si Marruecos utilizó la presión migratoria, debe responderse con política exterior seria. Y si Ceuta se ve desbordada, el Gobierno central no puede limitarse a repartir el coste político entre comunidades.

Pero la derecha también pisa terreno resbaladizo. Cuando se habla de menores, no vale convertir cada caso en una consigna de expulsión. La ley española y los estándares básicos de protección obligan a identificar, asistir y garantizar derechos. Eso no impide reclamar orden, controles y retornos cuando procedan con garantías; sí impide tratar a niños y adolescentes como si fueran piezas de una operación policial sin rostro.

Libertad Digital ha contado que el Gobierno ceutí habla de alrededor de un millar de menores localizados y atendidos en el sistema de protección, mientras el Ejecutivo anuncia 25 millones adicionales para Ceuta. Ese dato aterriza el debate: no se trata solo de un pulso entre Sánchez, Feijóo y Vox, sino de centros, educadores, plazas, dinero y capacidad administrativa. La bronca puede ganar titulares; la gestión se mide en camas disponibles.

Vox empuja el marco más duro y el PP intenta no quedarse sin bandera en la frontera. Moncloa, mientras tanto, busca que la emergencia no se convierta en símbolo de impotencia. El resultado es una mezcla explosiva: menores vulnerables, diplomacia con Marruecos, autonomías del PP, presión de Vox y un Gobierno que necesita demostrar que controla algo más que el relato. La derecha tiene derecho a exigir orden. Pero si quiere gobernar, tendrá que explicar algo más difícil que un eslogan: cómo se protege la frontera sin romper la protección de menores.