Se puede discutir el marco. Se puede discutir la cifra. Lo que ya no se puede discutir con cara seria es el peaje humano del dispositivo: una agente de la Policía Nacional, de la escala básica, entre 45 y 50 años, ha acabado en la UCI tras un infarto que la Unión Federal de Policía atribuye al “brutal nivel de estrés” del puesto en Ceuta.

No lo dice un tertuliano con mapa de colores. Lo dice un sindicato policial en un escrito al que ha tenido acceso ABC —y que adelantó El Faro de Ceuta— para denunciar “situación límite” y “colapso absoluto” de los agentes tras las entradas masivas del 30 y 31 de julio. Cuando la alarma la enciende quien está dentro del uniforme, el Gobierno debería escuchar antes de montar el next episode del relato.

Asilo a 15 horas y vacaciones que no llegan

La UFP sitúa el agujero negro en las oficinas de Asilo. Habla de jornadas “maratonianas” de más de 15 horas: entrada a las 08:00 y salida, en muchas ocasiones, a las 23:30. Dos horas teóricas para comer que, según el sindicato, a menudo no se respetan por el volumen de expedientes. Hay días, denuncian, en los que ni siquiera pueden alimentarse en condiciones.

A eso suman otra humillación laboral de manual: vacaciones denegadas en verano, promesa de disfrutarlas en septiembre y nueva cancelación de permisos. El escrito llega a comparar ese tajo con el “derecho inalienable” al descanso estival que defiende Pedro Sánchez. Se puede tachar de demagogia sindical. También se puede leer como lo que es: una plantilla a la que se le pide heroísmo permanente mientras el poder presume de conciliación en rueda de prensa.

“La Policía Nacional está al servicio de los ciudadanos y dando el 200% de su capacidad, pero los agentes no son máquinas ni escudos de carne”, zanja el comunicado. La frase es gruesa. Encaja demasiado bien con una agente en cuidados intensivos.

Seguridad “subjetiva” frente a machetes y sobrecarga

El sindicato no se queda en lo laboral. Habla de quiebra de la seguridad ciudadana y de una “escalada de violencia extrema”. Describe asentamientos incontrolados y una ciudad convertida, en su lenguaje, en “auténtico CETI”. Frente a la cifra oficial del Gobierno —en torno a 5.000 migrantes—, la UFP estima entre 15.000 y 20.000 personas deambulando. Ojo: eso es denuncia sindical, no un censo auditado. Pero cuando la distancia entre el dato de Moncloa y el de quien patrulla es de tres o cuatro veces, el problema ya no es solo estadístico: es de credibilidad.

En ese escenario, la organización enumera incendios, robos, allanamientos, agresiones sexuales y apuñalamientos, y carga contra Fernando Grande-Marlaska por hablar de “inseguridad subjetiva”. Según la UFP, hay agentes enfrentados a individuos con palos, facas, machetes y pistolas de perdigones, y ataques directos a policías nacionales, guardias civiles y militares. Citan como ejemplo reciente la detención de un hombre con un machete de grandes dimensiones y nueve señalamientos en vigor, incluida una orden europea de Interpol.

Se puede —y se debe— exigir precisión y no transformar cada incidente en prueba de invasión total. Lo que no cabe es despachar el malestar de la plantilla como paranoia de casilla. Una UCI no es un focus group.

Moncloa abre plazas y abre trinchera

El Gobierno no está quieto, y conviene decirlo sin trampas. El 13 de septiembre, el Ministerio de Inclusión informó del traslado voluntario y sin incidentes de 864 migrantes que estaban en la calle junto al embolsamiento de Loma Colmenar hacia un recurso temporal en Los Rosales, en una parcela de SEPES cedida por Vivienda. Con esa apertura, el Ejecutivo sitúa en torno a 4.300 las plazas temporales en Ceuta y dice trabajar para superar las 6.000, además de un espacio para más de 300 mujeres con menores en la zona de Sidi Embarek. Elma Saiz y Ángel Víctor Torres coordinan el dispositivo.

Eso es gestión de acogida. No es lo mismo que gestión de seguridad ni de turnos de asilo. Se pueden levantar carpas y seguir rompiendo a la plantilla que registra, identifica y aguanta el chaparrón. De hecho, el ruido político del día tira hacia otro lado: Óscar López acusa de “deslealtad” al Gobierno de Juan Jesús Vivas y sostiene que Ceuta actúa ahora de forma distinta a otras crisis; el PP y Vivas devuelven la pelota hablan de abandono y de presión insoportable. Mientras tanto, la UFP pide algo menos televisivo y más concreto: más policías, sobre todo de noche, y condiciones dignas.

La frontera no se sostiene con eslóganes

Ceuta es España. Eso lo firman todos antes del café. La diferencia empieza cuando hay que decidir si una ciudad autónoma puede vivir meses convertida en sala de espera a cielo abierto mientras Interior discute si la inseguridad es real o “subjetiva”.

Una política migratoria seria protege derechos y protege el orden. No elige. Si solo hay barcos de solidaridad y no hay refuerzo policial, se rompe la calle. Si solo hay mano dura y no hay plazas, se rompe la dignidad. Ahora mismo el síntoma más duro no es un titular de trifulca Vivas-Moncloa: es una agente en la UCI y un sindicato gritando que el dispositivo se cae.

El Estado que llega tarde a la frontera siempre paga dos veces: una en la ciudad y otra en la credibilidad. Ceuta ya está pasando factura a quien sostiene el uniforme. El resto del debate, si ignora eso, es postureo.

Fuentes y contexto