Cuando un ministro de Justicia pelea con un juez, el atajo fácil es pedir sanción. Este martes el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho a Félix Bolaños que ese atajo no cuela: ha rechazado su recurso de alzada contra el archivo de la diligencia informativa abierta sobre el juez Juan Carlos Peinado.
La mayoría —cinco vocales a favor de desestimar, según el relato de El Plural— sostiene lo que cualquier Estado de derecho debería dar por sentado: la potestad disciplinaria no sirve para reescribir decisiones jurisdiccionales ni para convertir un choque procesal en un expediente de castigo político. Dos vocales, Bernardo Fernández y Argelia Queralt, anuncian voto particular. Hay debate interno. No hay victoria del ministro.
El origen es conocido. Bolaños se quejó del trato recibido cuando declaró como testigo ante Peinado y de la decisión del magistrado de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. La Comisión Permanente ya había tomado nota del archivo: clima de tensión, sí; desconsideraciones explícitas con relevancia disciplinaria, no. Las quejas, dijo entonces, giraban en torno a interpretaciones procesales discutibles, no a un abuso sancionable.
El ministro insistió. Presentó varios escritos de queja —el Consejo habla de cuatro entre junio y octubre de 2025— y acusó de lentitud y de corporativismo. La respuesta del órgano de gobierno de los jueces es poco glamurosa y muy jurídica: las ampliaciones sucesivas obligaron a pedir nuevos informes; en marzo de 2026 incluso se revocó un primer archivo para completar diligencias; y, sobre lo nuclear, el Supremo ya anuló la exposición razonada por falta de indicios mínimamente fundados contra Bolaños. Revisar ese tipo de actos, insiste la Permanente, excede la competencia disciplinaria del CGPJ.
Traducción en castellano de calle: puedes criticar al juez, puedes recurrir en vía judicial, puedes pelear el caso en sede propia. Lo que no puedes es pedir que el Consejo haga de segunda sala penal o de arma política cada vez que un instructor incomoda a Moncloa. Si la disciplina salta esa frontera, mañana cualquier ministro con micrófono tendrá un botón rojo contra el juez de turno.
El voto particular no absuelve ni condena a Peinado. Dice otra cosa, más fina: que no se confunda la libertad de decidir con la forma de ejercer autoridad; que la grabación de la declaración ofrecía material para un procedimiento contradictorio; que las filtraciones y la dilación del expediente merecían más atención. Es una discrepancia seria. No convierte el archivo en un invento ni transforma al ministro en víctima automática de un complot.
En el ruido del caso Begoña Gómez y del choque Gobierno-jueces, esta decisión importa precisamente porque es aburrida y de manual. Marca un límite: la bronca política no se resuelve con expediente disciplinario. Quien quiera control de legalidad, a los tribunales. Quien quiera control de conducta judicial extrema, con indicios claros y procedimiento. Lo demás es tentación de poder.
Bolaños puede seguir denunciando corporativismo. Peinado puede seguir siendo el villano favorito de una parte del mapa. El CGPJ, con esta desestimación, ha recordado algo elemental: un juez no se convierte en reo disciplinario solo porque su instrucción moleste al ministro que también es parte interesada del relato.