Hay algo que tiene su gracia, aunque no mucha. Meses y meses de campaña diciendo que la crisis migratoria es un invento del Gobierno, que se exagera, que Spain no necesita solidaridad europea porque el problema no es para tanto. Y entonces llega Bruselas, publica su segundo Ciclo Anual de Gestión de la Migración, y mete a España de nuevo en el grupo de países bajo presión. Dos años seguidos. Con nombre, apellidos y estadísticas.
El comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, fue bastante claro: España representó alrededor del 20% de todos los cruces ilegales de fronteras a nivel europeo. El tercer país en llegadas por operaciones de búsqueda y rescate. Canarias, Baleares, y también Ceuta.
Que conste en acta.
El alivio de un papel que nadie debería celebrar del todo
Que España siga en el grupo de países bajo presión migratoria no es exactamente una buena noticia. Es el reconocimiento formal de que las fronteras del sur europeo, los rescates en el Atlántico y en el Mediterráneo, y la crisis de Ceuta del 30 y 31 de julio de 2026 no son pequeñeces que se resuelven mirando para otro lado.
Había dudas reales sobre si España iba a mantener ese estatus. Tantas, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a enviar una carta al comisario Brunner. No es habitual. Un ministro escribiendo para recordar que la situación es grave y que España no puede quedarse fuera del reparto de responsabilidades europeo. Que Ceuta existe. Que lo de julio fue real.
La Comisión lo tuvo en cuenta. El periodo de referencia del informe es julio de 2025 a junio de 2026, así que la entrada masiva a Ceuta de finales de julio de 2026 quedaba técnicamente fuera. Pero Bruselas decidió incorporarla como evento relevante. Las decenas de miles de personas que intentaron cruzar en esos dos días no desaparecen del mapa por razones de calendario. El evento pesó en la decisión aunque no estuviera dentro del periodo oficial.
Solidaridad sí, pero con condiciones
Brunner fue explícito en algo que conviene subrayar: solidaridad y responsabilidad van de la mano. Los países bajo presión pueden recibir apoyo —aportaciones financieras, reubicaciones, compensaciones de responsabilidad— pero tienen que cumplir con las normas del Pacto de Migración y Asilo. No hay cheque en blanco.
Eso implica gestionar los procedimientos como toca, aplicar las normas de responsabilidad, no hacer la vista gorda. Para algunos puede sonar a amenaza velada. Para otros, es simplemente la coherencia del sistema: si pides solidaridad, también tienes que ejercerla.
Un detalle que no pasa desapercibido: Italia, que lleva meses siendo uno de los críticos más ruidosos con la política migratoria española, también recibió su toque de atención. Ha avanzado, dice la Comisión, pero debe progresar más. Estará bajo seguimiento estrecho. No es menor. Criticar a España mientras Roma tiene sus propios deberes sin hacer no es la posición más cómoda del mundo.
El pool del ciclo anterior: menos de lo que España pedía
Aquí viene la parte menos redonda. En el ciclo anterior, los Veintisiete acordaron apoyar en 2026 a los países bajo mayor presión con unas 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros de asistencia financiera. Suena a mucho. Pero la propuesta de Bruselas era de 30.000 reubicaciones y 600 millones. España defendía esos números. No se consiguieron.
La negociación entre Estados miembros es lo que es: cada uno mira su ombligo, sus elecciones internas, su opinión pública. Y los países del norte y el este de Europa no se distinguen precisamente por su entusiasmo solidario cuando se trata de repartir la carga migratoria.
Para el nuevo ciclo —el que organizará el reparto en 2027— todavía no hay propuesta concreta publicada. El Consejo tiene que acordar el tamaño del pool y qué aporta cada Estado. En quince días se convoca el Foro de Solidaridad de Alto Nivel. Ahí empezará el próximo round. Las cifras concretas de lo que toca al segundo pool todavía no existen sobre el papel.
Los números que la derecha no cita
El informe también recoge datos que complican el relato del caos permanente. Los cruces irregulares cayeron más de un tercio en el primer semestre de 2026. En dos años, la caída supera el 50%. Menos movimientos secundarios entre países. Menos solicitudes de asilo. Más retornos.
Eso no significa que el problema esté resuelto. Que España soporte el 20% de las entradas irregulares a la UE es un dato que pesa y que tiene consecuencias reales: en los servicios de acogida, en las comunidades de llegada, en los presupuestos autonómicos. Pero el contexto importa. Las cifras no cuentan la historia que algunos quieren contar con ellas.
El debate serio sobre migración en Europa —el que merece la pena tener— no es si hay invasión o no la hay. Es cómo se reparte una responsabilidad que no puede recaer eternamente sobre los mismos cuatro países del sur. Cuánto dinero se pone encima de la mesa. Cuántas reubicaciones se hacen de verdad. Qué pasa con quienes llegan y tienen derecho a quedarse. Y qué pasa con quienes no.
Ese es el debate. Bruselas lo está teniendo, con sus lentitudes y sus contradicciones. Grecia, España, Chipre e Italia dentro del pool. Otros quince Estados en riesgo. El mapa de la presión migratoria es europeo, no es un invento de ningún ministerio.
Que nadie se engañe pensando que el grito de invasión es una política migratoria.