Las pensiones más generosas de Europa nos cuestan ya un tercio de lo que recauda el Estado

Primeras de Europa, pero ¿a qué precio?

Si hay algo que el sistema de pensiones español garantiza, es generosidad. Según un informe reciente de Fedea —la Fundación de Estudios de Economía Aplicada— que toma como referencia el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, España es el país de la Unión Europea donde la primera pensión supone un mayor porcentaje del último salario. Concretamente, una tasa de reposición del 77%, cuando la media comunitaria ronda el 45%. Líderes indiscutibles.

Si miramos la tasa de prestación —lo que percibe de media un pensionista en relación al salario medio del país—, tampoco nos quedamos atrás: en 2022, la pensión media equivalía al 64% del salario medio, colocando a España en tercera posición dentro de la UE, solo por detrás de Grecia e Italia. La media europea, de nuevo, se queda en torno al 45%.

Nadie discute que eso es una buena noticia para los jubilados de hoy. El problema es quién paga esa generosidad y cómo se sostiene en el tiempo.

Del superávit al agujero: veinte años de deterioro

Fedea utiliza el indicador de Seguridad Social Ampliada (SSA), que agrupa tanto la Seguridad Social como Clases Pasivas, para ofrecer una imagen más completa del sistema. Y los números, en euros constantes de 2021, no dejan mucho margen a la interpretación tranquilizadora.

En 2005, el sistema tenía un superávit de 13.100 millones de euros. En 2025, arrastra un déficit de 7.200 millones. Eso son más de veinte mil millones de diferencia en dos décadas. Pero si se calcula el déficit básico —antes de que el Estado inyecte transferencias para tapar el agujero—, la cifra acumulada entre 2005 y 2025 sube a 67.300 millones constantes, el equivalente a unos 5 puntos del PIB.

Traducido a términos cotidianos: el déficit contributivo de la SSA ronda ya el 4% del PIB, lo que representa aproximadamente un tercio de todos los ingresos tributarios del Estado. O, dicho de otra forma, supera el cien por cien del déficit total de las Administraciones Públicas. Es el agujero dentro del agujero.

La reforma que se deshizo

En 2013 se aprobaron el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, dos mecanismos pensados para vincular el sistema a la realidad demográfica y financiera del país. La reforma de pensiones de 2021-2023 los derogó.

En su momento, el Ministerio estimó que el impacto de esa derogación sería inferior a un punto del PIB hasta 2050. Fedea, sin embargo, sitúa el coste en más de tres puntos del PIB a lo largo del mismo período. Una diferencia de criterio que no es anecdótica: estamos hablando de decenas de miles de millones de euros.

Las proyecciones del informe son claras: el déficit básico del sistema crecerá otros 2,3 puntos del PIB entre 2025 y 2050. Para mitad de siglo, mantener el sistema tal como está requerirá inyectar alrededor de 6 puntos del PIB al año —frente a los aproximadamente 5 que calculan las proyecciones oficiales—. La diferencia, una vez más, no es menor.

El riesgo real: no que no lleguen las pensiones, sino lo que dejará de haber

Los autores del informe son cuidadosos en un punto importante: no afirman que el sistema vaya a dejar de pagar pensiones. El peso electoral de los jubilados —un colectivo que crece y vota masivamente— hace políticamente impensable cualquier impago directo. Eso es un hecho.

El riesgo real, según Fedea, es otro: que el creciente peso de las pensiones en el presupuesto estatal acabe expulsando a otras partidas. Sanidad, educación, infraestructuras, investigación. Si cada vez más euros van a pensiones, cada vez quedan menos para todo lo demás. No es que no habrá pensiones; es que puede que no haya otras cosas.

Cheque en blanco con elecciones en el horizonte

La Razón ha resumido la situación con una imagen certera: el Pacto de Toledo funciona como un "cheque en blanco" firmado por todos los partidos para mantener el sistema sin importar el coste. Y esa dinámica tiene una fecha en el calendario: el 29 de noviembre hay elecciones generales, y los eslóganes de blindaje de las pensiones al IPC ya circulan en campaña.

Fedea no milita en ningún partido ni propone una ley concreta. Lo que hace es abrir el debate sobre medidas que podrían contribuir a reequilibrar el sistema: ampliar el cómputo de la vida laboral para el cálculo de la pensión, reformular el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad, introducir algún tipo de contención del gasto vía factor de sostenibilidad, o simplemente ir convergiendo las tasas de reposición y prestación hacia la media europea.

Ninguna de estas medidas está sobre la mesa legislativa ahora mismo. Pero los números del informe sugieren que cuanto más tarde en estarlo, más difícil será la corrección. La aritmética no tiene ideología, aunque su gestión sí.