Hay pelea en el Consejo y no es de despacho. El nuevo curso judicial arranca con el CGPJ roto en público, cruzándose acusaciones de deslealtad entre vocales progresistas y conservadores a cuenta del discurso de apertura. Mientras dura el ruido, lo que se atasca de verdad son las mayorías reforzadas para cubrir vacantes. Y entre ellas, cuatro plazas en la Sala Segunda del Supremo: la Penal. La que mira aforados y casaciones gordas.
No es un detalle de organigrama. Esa sala es el reloj de la política judicial española. ABC lo resume sin adornos: el choque del arranque de curso dinamita la cohesión del órgano y complica los nombramientos clave justo donde más se notan. Si el Consejo no cierra filas operativas, el Supremo trabaja a medio gas en el sitio que más teme —y más usa— el poder.
Perelló pide consenso y el bloque progresista no se lo compra
Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, salió el jueves con el manual institucional: amplios consensos, papel imparcial y neutral. La frase queda bien en el salón de plenos. El problema es la foto de detrás. Según la misma cobertura, nueve de los diez vocales del bloque progresista desconfían de ese compromiso. El décimo, Carlos Hugo Preciado, va por libre.
Esa desconfianza no nace de un tuit. Viene de dos años en los que la renovación del Consejo —Perelló llegó en septiembre de 2024 con 16 de 20 apoyos, primera mujer al frente del TS/CGPJ tras el bloqueo— no ha producido el reequilibrio que muchos en la izquierda judicial daban por descontado. HuffPost pone números al malestar: de 158 puestos adjudicados en tribunales principales, la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora) se lleva 59 (37%) y Juezas y Jueces para la Democracia, 28 (18%). Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y no asociados completan el reparto. Traducción política: mayoría progresista en el Consejo no equivale, hoy, a mayoría progresista en las cúpulas.
El comunicado que enfadó hasta dentro de la izquierda
Aquí entra el matiz que duele en casa. Preciado, vocal a propuesta de Sumar, carga en El Periódico contra la costumbre de funcionar por bloques como si fueran grupos parlamentarios. Cuenta que nueve vocales progresistas mandaron un comunicado previo al discurso diciéndole a Perelló qué debía incluir. Su comparación es brutal y útil: es como si dos días antes del debate del estado de la nación nueve ministros le dictaran al presidente el guion.
Su tesis no es “que gane la derecha”. Es otra: se pueden hacer políticas progresistas o conservadoras desde el Consejo, pero desde autonomía institucional, no trasladando instrucciones de partido. “Eso no es ser progresista, es ser profundamente regresista”, dice. Da igual si uno comparte cada coma. El aviso importa: cuando la izquierda judicial se pelea por el micrófono del discurso, regala a la derecha el relato de que el CGPJ es solo una extensión del Congreso.
Qué está en juego de verdad
Mientras el Consejo se mira el ombligo, la Sala Penal sigue con agujeros. No hace falta dramatizar con nombres de causas futuras: basta con admitir que un Supremo incompleto en su sala estrella es un problema de Estado, no de corrillo. El Gobierno choca con la cúpula judicial; la cúpula se pelea por dentro; y el ciudadano entiende una sola cosa —que la renovación democrática del Poder Judicial no ha servido para gobernarlo mejor.
La lectura de esta mesa es clara. El bloqueo no es neutral. Cada mes sin mayorías operativas consolida inercias, retrasa relevos y convierte la “independencia” en excusa para no decidir. Perelló puede predicar consenso. Si el Consejo no recupera reglas de juego internas que permitan nombramientos sin guerra de bandos, el curso judicial empezará como siempre: con toga, micrófono y la misma silla vacía en la Penal.