María Chivite compareció en el Parlamento de Navarra con un mensaje sencillo: no hay nada contra ella ni contra su Gobierno. La presidenta navarra denunció, según EFE, una estrategia de “caza de brujas” a raíz del informe de la UCO sobre el patrimonio del exdirigente socialista Santos Cerdán. La frase es potente. También es defensiva. Y en política, cuando alguien tiene que repetir muchas veces que no hay nada, normalmente significa que el ruido ya ha hecho su trabajo.
Conviene empezar por lo comprobable. Chivite compareció en comisión parlamentaria a petición de UPN. El motivo era el informe de la UCO sobre Cerdán y el contexto de las obras públicas en Navarra, especialmente el desdoblamiento de los túneles de Belate y la empresa Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán e integrante de la UTE adjudicataria.
La presidenta sostuvo que ni el Supremo ni la UCO avalan una ofensiva contra ella “porque no hay nada”. También afirmó que el juez continúa investigando el patrimonio de Cerdán, pero que “nada dice ni del Gobierno ni de licitaciones públicas ni de mi persona”. Ese es el núcleo de su defensa: separar a Cerdán, su patrimonio y las empresas investigadas de la acción del Ejecutivo foral.
La línea entre sospecha y sentencia
Desde una mirada conservadora, la exigencia de explicaciones es obvia. Cuando un exdirigente socialista de peso aparece en informes policiales y alrededor hay contratos públicos sensibles, un Gobierno no puede pretender que todo se resuelva con una etiqueta: “caza de brujas”. La transparencia no es un favor a la oposición; es el precio mínimo de gobernar cuando la confianza está tocada.
Ahora bien, exigir explicaciones no autoriza a convertir cada sombra en delito probado. Y aquí la prudencia legal no es decoración: es imprescindible. Chivite defendió que no hay investigaciones abiertas contra su Gobierno ni contra miembros del Ejecutivo foral, ni actuaciones delictivas atribuidas al personal de la Administración navarra. También dijo que los contratos citados en el informe aparecen como referencia circunstancial y que no se propone investigar contratos ni personas vinculadas al Gobierno de Navarra.
Sobre la tarjeta de crédito de Servinabar, Chivite ofreció un dato concreto: según dijo, habría dejado de usarse en febrero de 2024 y la primera certificación de las obras de Belate fue del 13 de junio. Su conclusión fue clara: si alguien debe responder, en su caso, serán las empresas correspondientes.
La oposición no compra el cierre en falso
UPN no se dio por satisfecho. Javier Esparza afirmó que el informe deja sobre la mesa que Cerdán recibió fondos del PSN que, según su planteamiento, el partido no habría declarado, lo que abriría la “posibilidad” de una caja B. Esa acusación debe leerse exactamente como lo que es: una acusación política de UPN, no un hecho judicialmente probado en esta comparecencia. Esparza también responsabilizó al Gobierno navarro de presuntas irregularidades en las obras de Belate.
El PSN respondió al choque con dureza. Ainhoa Unzu calificó las acusaciones de falsas y acusó a UPN de “carroñerismo político”. EH Bildu interpretó que UPN buscaba estirar la comisión de investigación. Geroa Bai marcó una posición más institucional: no relativizar la corrupción, pero tampoco aceptar que las sospechas se transformen en sentencias. Contigo-Zurekin señaló, según EFE, que puede haber una relación “cuando menos sospechosa” entre Acciona, Servinabar y Cerdán, pero no prueba, tampoco indiciaria, contra el Gobierno navarro.
El PP navarro, por su parte, puso el foco en Servinabar y sostuvo que no era una empresa más dentro de la UTE, sino, a su juicio, el centro de operaciones económico de Cerdán. De nuevo: es una valoración política que exige investigación y contraste, no una condena anticipada.
Ahí está el punto incómodo para Chivite. Puede tener razón en que no hay nada judicialmente acreditado contra ella. Puede tener razón en que algunos quieren convertir el caso en una trituradora política permanente. Pero también es verdad que la ciudadanía no está obligada a aplaudir defensas genéricas cuando se habla de obra pública, empresas vinculadas a dirigentes y dinero que sale de presupuestos.
La salida limpia no es gritar “caza de brujas” ni gritar “caja B” como si ya hubiera sentencia. La salida limpia es documentos, fechas, contratos, certificaciones, responsabilidades empresariales y comparecencias sin niebla. Si no hay nada, que se vea todo. Y si hay algo, que no lo tape el ruido de nadie.